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Naciones Unidas, 1 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se unió este sábado a las voces internacionales que han condenado el golpe de Estado militar del viernes en Burkina Faso, la segunda asonada militar en el país africano en los últimos ocho meses.

“El secretario general está profundamente preocupado por los acontecimientos que se están desarrollando en Burkina Faso, condena enérgicamente cualquier intento de tomar el poder por la fuerza de las armas y pide a todos los actores que se abstengan de ejercer la violencia y busquen el diálogo”, aseguró hoy el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El viernes, militares encabezados por el capitán del Ejército Ibrahim Traoré dieron un golpe de Estado y derrocaron al líder de la junta militar en el poder, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a quien acusaron de ser incapaz de atajar el terrorismo yihadista que sacude al país.

En un breve comunicado, Dujarric insistió en que el secretario general de la ONU apoya plenamente “los esfuerzos regionales hacia un rápido retorno al orden constitucional en el país”.

“Burkina Faso necesita paz, estabilidad y unidad para luchar contra los grupos terroristas y las redes criminales que operan en partes del país”, zanjó el máximo representante de Naciones Unidas.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la UA y la UE ya han condenado el pronunciamiento, que pone en riesgo el proceso de transición política abierto tras el golpe de Estado del pasado 24 de enero.

La CEDEAO consideró “inoportuno” el golpe porque “se han logrado avances gracias a la diplomacia” y sus esfuerzos “para un retorno metódico al orden constitucional a más tardar el 1 de julio de 2024”.

El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, expresó su “profunda preocupación por el resurgimiento de cambios inconstitucionales de Gobierno en Burkina Faso”.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por su parte, también pidió el “cumplimiento de los compromisos adquiridos” para “apoyar a Burkina Faso hacia el retorno al orden constitucional a más tardar el 1 de julio de 2024”.

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