Soldados vigilan el Valle del Cauca, en Colombia, tras la captura de varias toneladas de droga. EFE.
La lucha antidroga agita de nuevo la disputa política en Colombia. El Gobierno de Iván Duque, que está a punto de cumplir un mes en la presidencia, ha publicado esta semana un proyecto de decreto que autoriza la incautación de la “dosis personal” de droga, cuya posesión fue despenalizada en 1994. La decisión divide la opinión pública del país y ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las estrategias para combatir el consumo y el microtráfico.
El propósito del Ejecutivo es, en palabras de la ministra de Justicia, “proteger a niños y jóvenes”. “No estamos penalizando la dosis mínima. El decreto es una medida administrativa para incautar la droga que porte o consuma un ciudadano en un espacio público”, aseguró Gloria María Borrero.
No obstante, la iniciativa, que estará abierta a nuevas aportaciones hasta dentro de dos semanas, ha levantado polémica e incluso dudas sobre su constitucionalidad. Sus detractores aseguran que limita la libertad personal, fomenta la criminalización y que no servirá para frenar el tráfico. Esa es, por ejemplo, la posición de Gustavo Petro, el principal competidor de Duque en la carrera presidencial. “El jíbaro [camello] en el barrio no se acaba con la requisa, al contrario, venderá más droga y más cara”, afirmó. Este jueves se convocó en Bogotá una manifestación, bautizada como fumatón,para protestar contra el decreto. Los últimos estudios oficiales del Observatorio de Drogas de Colombia, de 2016, indican que el 11,7% de los jóvenes en edad escolar consumieron marihuana al menos una vez y el 3,9% lo hizo con cocaína.
La medida, que aún no está aprobada, no constituye una novedad en los planteamientos recientes del mandatario, que durante la campaña hizo esa promesa a los colombianos. Aun así, como senador presentó un proyecto que planteaba regular la dosis personal que finalmente quedó en agua de borrajas. Cuando decidió dar el paso y concurrir a las elecciones, en 2017, declaró a EL PAÍS: “Por muchos años vimos la droga como un gran drama que salía del país y se iba a producir daño a otros lugares. Hoy, con el aumento del ingreso per cápita, nos damos cuenta de que el consumo de droga en Colombia es alarmante. Cuando la drogadicción llega a una familia de altos recursos, es una tragedia, pero tienen mecanismos para enfrentarlos. Cuando llega a una familia de bajos recursos puede ser la tragedia eterna”.
Este debate adquiere mayor relevancia en Colombia precisamente por ser el principal exportador de hoja de coca. Aunque aumentaron las incautaciones, el año pasado el país alcanzó un nuevo récord en la producción de hoja de coca, por encima de las 200.000 hectáreas. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en una de sus últimas intervenciones ante Naciones Unidas cambiar el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. “Hagamos un serio y riguroso seguimiento de las experiencias regulatorias que se han puesto en marcha en diversas latitudes y aprendamos de sus éxitos y también de sus dificultades. Es hora de aceptar, con realismo, que mientras haya consumo habrá oferta y que el consumo no se va a acabar”.
La estrategia del Gobierno de Duque, sin embargo, es distinta y contempla dar facultades a la policía para incautar la dosis personal. El Ministerio de Justicia señala que quien consume en público incumple una norma administrativa. “Esta dosis solo se puede consumir en espacios privados. Vamos a proteger a nuestros niños y adolescentes de quienes les quieren vender drogas. Se está dañando a esta generación y lo que queremos es protegerla”, dijo la titular de ese departamento, que, en declaración a Caracol Radio, añadió una polémica excepción: “Tiene que demostrar que es un adicto. Los médicos no pueden expedir una receta de drogas ilegales, esta persona es un adicto y tiene un proceso de sedición. Lo puede decir su mamá o su papá. Va a tener un proceso verbal y la policía establecerá si le cree o no le cree”.
