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Bogotá, 4 ago (EFE).- La Comisión de la Verdad de Colombia hizo público este jueves unos documentos desclasificados de Estados Unidos que usó para su informe final y donde se pone de evidencia el alto conocimiento que tenía el país norteamericano de lo que estaba sucediendo en Colombia durante el conflicto y cómo aún así se mantuvieron programas de colaboración.

El integrante de la Comisión de la Verdad Alejandro Valencia fue registrado este jueves, durante una rueda de prensa acerca de la publicación de los archivos desclasificados de Estados Unidos sobre el conflicto armado colombiano, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

El papel de Estados Unidos en “América y Colombia es crucial. En el conflicto armado ha jugado un rol muy importante, por eso para nosotros era clave tener acceso a qué dice EEUU”, señaló en una rueda de prensa el comisionado de paz Alejandro Valencia, quien explicó que se tratan de más de 15.000 documentos que abarcan más de 20 años y que ahora están disponibles en su web.

Están organizados en tres grandes bloques: los que abarcan el Plan Colombia (1998-2006) contra las FARC y el narcotráfico y del que EEUU fue un aliado fundamental; sobre narcotráfico, seguridad nacional y el conflicto (1982-1997), y sobre los orígenes del paramilitarismo y sus vínculos con las fuerzas públicas (1979-2009).

EL CONTEO DE CUERPOS

En ese sentido, según detalló el director de Colombia del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), Michael L. Evans, se puede comprobar cómo los militares colombianos tenían “mucha presión” para magnificar la relación entre las FARC y el narcotráfico para así conseguir que EEUU siguiera financiando y apoyando los planes contra esta guerrilla, pues las prioridades estadounidenses variaron de la lucha anticomunismo de la Guerra Fría a una más centrada en antinarcóticos.

“Toda asistencia de EEUU dependía del narcotráfico; cuando militares colombianos querían ganar más asistencia, tenían que presentar que los insurgentes y sus objetivos estaban muy vinculados (al narcotráfico)”, aseguró Evans.

Así, en documentos enviados y publicados durante el Plan Patriota, un plan militar desarrollado por Álvaro Uribe contra las FARC y el ELN, se muestra cómo se usaron técnicas similares a planes desarrollados 40 años antes, a pesar de la evolución en todos los sentidos, y donde ya se sabía que había “mucha presión para mostrar éxito, mostrar resultados”.

Y esos resultados se hacían, como fue en la Guerra Fría, a través de “mostrar que el conteo de cuerpos había aumentado” y ya había informes en poder de EE.UU. y del Departamento de Defensa en el que se evidenciaba que la asistencia estadounidense estaba “ayudando a los colombianos para aumentar el conteo de cuerpos”.

Aunque es difícil detallar cuánto sabía EEUU de los mal llamados “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales del Ejército colombiano de jóvenes inocentes para engrosar las bajas en combate, debido a que también muchos de los documentos desclasificados están censurados, sí hay documentos militares de EEUU que expresaban que “el conteo de cuerpos no es una medida de éxito adecuada y que puede ser una cosa que puede empeorar este fenómeno de violaciones de derechos humanos”, detalló Evans.

RELACIONES ENTRE PARAMILITARISMO

Por otro lado, también hay una larga constatación de la relación que había entre las fuerzas estatales y los paramilitares, un hecho que se conocía de forma informal, pero que el Estado colombiano ha negado en muchos momentos de su historia.

Así hay un cable del Departamento de Defensa donde se informa de la “supuesta relación entre el presidente Uribe y narcotraficantes”, que detalla que un informe de inteligencia desclasificado en la época “relacionaba al presidente colombiano Uribe con narcotraficantes, especialmente con Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín”.

Y en ese mismo cable se habla de que “Uribe muy seguramente tuvo tratos con las paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) cuando fue gobernador de Antioquia porque iba con el trabajo”.

Pero también se revelan hechos como que la embajada, cuando Myles Frechette fue embajador (1994-1997), había pedido a EEUU que demandara al Gobierno de Ernesto Samper para que arrestara al líder de las AUC, Carlos Castaño, porque “la oposición armada había sido comprada por los narcos”, algo que no pasó hasta la desmovilización del grupo paramilitar.

“Hemos sido informados por varias fuentes de que el Ejército sencillamente no está interesado en atacar a Castaño o a los paramilitares en general”, se puede leer en estos cables.

En otro informe de inteligencia se especifica que “fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que reciben o podrían recibir ayuda estadounidense- no hicieron nada para detener dos masacres de civiles perpetradas por los paramilitares”, lo que da cuenta también de cómo EEUU hizo la vista gorda con algunos crímenes de guerra que se cometieron en el conflicto y lejos de levantar la voz, siguió apoyando a las fuerzas militares que actuaron, en ocasiones, de forma ilegal.

La Comisión de la Verdad ha usado parte de estos documentos para su informe final, que comenzó a presentar el pasado 28 de junio y es fruto de más de 3 años y medio de indagaciones sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, Valencia aseguró hoy que tanto en la Administración de Donald Trump como a la de Joe Biden han requerido la desclasificación de muchos otros documentos que atañen sucesos graves del conflicto y que aún siguen siendo secretos.

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