Bruselas, 1 ene (EFE).- La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia rechazaron la decisión de la justicia rusa de liquidar a la ONG Memorial Internacional y el Centro de Derechos Humanos Memorial y en un comunicado conjunto aseguraron que su labor “no ha sido nunca más necesaria”.
“Deploramos la decisión de dos tribunales rusos de cerrar por la fuerza Memorial Internacional y el Centro de Derechos Humanos Memorial”, dijeron.
Subrayaron también que ambas organizaciones desempeñan una “labor pacífica” y que “no se puede aceptar” la afirmación de los jueces de que las entidades justifican el extremismo y el terrorismo.
Las decisiones que los tribunales adoptaron el martes y el miércoles de esta semana supusieron el cierre de la principal organización de derechos humanos en Rusia y la voz de los represaliados soviéticos, creada en 1987 cuando la URSS aún no había desaparecido.
“Durante más de tres décadas, Memorial ha cumplido un papel único en la documentación de crímenes históricos y en recuperar para la posteridad la memoria de las decenas de millones de víctimas de la represión política en el país”, apuntaron Bruselas, Washington, Londres, Canberra y Ottawa.
“También ha abogado incansablemente por la protección de los derechos humanos en Rusia, denunciando abusos atroces, incluso en el norte del Cáucaso, y manteniendo una lista cada vez mayor de personas a las que considera prisioneros políticos”, continuaron.
Recordaron su condena a la ley rusa sobre agentes extranjeros y dijeron que la “decisión desmedida de silenciar Memorial se produce tras muchos meses de represión sistemática y cada vez más profunda en Rusia” contra los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes los miembros de la oposición política y los grupos religiosos minoritarios.
“La gente de Rusia, como en cualquier lugar del mundo, tiene el derecho a la libertad de expresión y de asociación, incluso en defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales”, argumentaron en el comunicado.
Ambas organizaciones han anunciado que recurrirán la sentencia ante los tribunales rusos y su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera necesario.
