Lima, 19 abr (EFE).- Centralismo, represión y racismo fueron, a juicio del economista José de Echave, algunas de las aristas de las recientes protestas en Perú, pero considera que esos tres problemas forman parte, desde hace décadas, de la vida cotidiana de las comunidades rurales que mantienen conflictos con empresas extractivas.
El ex viceministro del Ambiente menciona, en una entrevista con EFE, que existen al menos esas tres conexiones “muy claramente establecidas” entre las protestas antigubernamentales que arrancaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y los conflictos sociales previos comúnmente conocidos como sociombientales.
De Echave se refiere a estos últimos como “conflictos ecoterritoriales”, tal y como propone en el libro “¿Cómo volver a vivir tranquilos?” (CooperAcción), que indaga sobre cómo impactan en el tejido social las disputas vinculadas a la explotación de petróleo y a la minería, una actividad responsable del 10 % del producto interior bruto (PIB) peruano.
TRES CONSTANTES
La primera conexión entre protestas antigubernamentales y “conflictos ecoterritoriales”, sostiene, tiene que ver con la “fuerte connotación de la lucha contra el poder económico y político que está centralizado en Lima” y que, en palabras del economista, “pretende decidir lo que pasa en el resto del país, imponer esas decisiones de manera vertical y, por lo general, autoritaria”.
“Las comunidades cuestionan el hecho que desde Lima se otorguen concesiones mineras o lotes de hidrocarburos”, apostilla.
El segundo nexo, prosigue De Echave, es la “tesis del complot”, es decir, las acusaciones proferidas por algunos sectores que vinculan las manifestaciones a la supuesta presencia de “manos oscuras” relacionadas con la minería, la tala ilegal, el narcotráfico, e, incluso, a los remanentes de Sendero Luminoso.
También a factores externos como el expresidente boliviano Evo Morales, señalado incluso por el Gobierno de Dina Boluarte.
De esta manera, la situación, bien sean manifestaciones antigubernamentales o contra mineras, considera que es atajada “como un problema de seguridad interna” y, por consiguiente, “la respuesta es de este tipo: estado de emergencia, represión policial, violencia y criminalización”.
En tres meses, los enfrentamientos directos entre las fuerzas del orden y los manifestantes que protestaron contra Boluarte se cobraron la vida de casi 50 personas, mientras que otras 300 fallecieron entre 2006 y 2021 por conflictos asociados a actividades extractivas, según datos revelados por De Echave en su libro.
Al centralismo y a la tesis del complot se suma, siempre según De Echave, el problema de la identidad que, a juicio del economista, ha sido un “elemento clave” en las últimas protestas.
En las manifestaciones, movilizadas en el sur del país, percibían al maestro de escuela rural y expresidente Castillo “como alguien como ellos”.
De igual manera, la identidad está presente en los conflictos mineros, donde De Echave cree que “está en disputa el control del territorio” y “las formas de vida” de las comunidades.
“FALTA DE LEGITIMIDAD”
Con ese punto de partida, el libro analiza qué ocurre en las sociedades durante el postestallido, después de las protestas contra mineras, mediante el estudio de cuatro casos “emblemáticos”: el Baguazo, Las Bambas, Espinar y Tía María.
En esta etapa del conflicto, cuenta De Echave, se inaugura un espacio de diálogo que tampoco está exento de problemas.
Para muchos comuneros, el Estado es percibido “como un actor vinculado a los intereses empresariales”. Por otro lado, la cohesión de las comunidades se va diluyendo mientras avanza la negociación y algunos líderes sociales se debilitan al “enfrentar procesos de criminalización”.
“El otro elemento que es clave en ese momento es que muchas mesas de diálogo sí logran acuerdos, pero no se cumplen y por eso hoy en día es un instrumento que ha perdido legitimidad”, afirma el autor de la obra.
¿Cómo, entonces, volver a vivir tranquilos? “Como país, estamos creo que en esta búsqueda”, pero “no hay receta mágica”, admite De Echave.
Pero una primera pista, dice, es que el Estado recupere “credibilidad, confianza y presencia” sostenida en los territorios donde hay actividades extractivas para empezar a construir “esos equilibrios que están haciendo falta” y hallar una coexistencia pacífica entre la minería, las comunidades y sus derechos.
Carla Samon Ros
