Bruselas, 10 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea llegaron este viernes a un acuerdo sobre la reforma del Código Schengen para responder a nuevas amenazas, como el uso de los migrantes como arma política o las medidas a aplicar en las fronteras en caso de crisis sanitarias, tras las lecciones aprendidas de la pandemia de Covid.
El acuerdo entre los Estados es “un avance mayor que permitirá proteger mejor las fronteras exteriores de la UE y preservar la integridad de nuestro espacio de libre circulación”, dijo en su cuenta en Twitter el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta el próximo 30 de junio.
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo a la llegada a la reunión que España siempre ha mostrado pleno apoyo a la libre circulación en el espacio Schengen.
“España siempre mantendrá que hay que guardar la esencia del Código Schengen. Es una de las piezas angulares, de las bases de la UE”, señaló.
El enfoque general alcanzado facilitará al Consejo (países) iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo, cuando este haya adoptado su posición.
Por un lado, la reforma prevé medidas frente a la instrumentalización de los inmigrantes, que ocurre cuando un tercer país o un actor no estatal fomenta o facilita el movimiento de nacionales de terceros países hacia las fronteras exteriores de la UE o hacia un estado miembro con objetivos desestabilizadores.
Se trata de la situación que la UE vivió el año pasado, instigada por el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.
Para combatir esas situaciones, se introducen nuevas medidas, incluida la limitación del número de puntos de cruce en la frontera exterior o la limitación de su horario de apertura, y la intensificación de la vigilancia fronteriza.
El texto prevé la posible adopción rápida de normas mínimas vinculantes sobre restricciones temporales de viaje en las fronteras exteriores en caso de amenaza para la salud pública (frente a las recomendaciones no vinculantes aplicadas durante la pandemia).
Otra novedad es el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores a través de procedimientos más estructurados, con salvaguardias más estrictas.
Prevé en particular que si se confirma que continúa la necesidad de controles en las fronteras interiores más allá de dos años y seis meses, el Estado miembro afectado deberá notificar a la Comisión su intención de prolongarlos, dando una justificación y especificando la fecha en la que espera levantar los controles y que el Ejecutivo comunitario emitirá entonces su recomendación.
También se propone un marco más eficaz para los controles policiales en las regiones fronterizas de los Estados miembros.
El texto introduce un nuevo procedimiento para hacer frente a los movimientos no autorizados de inmigrantes irregulares dentro de la UE.
En el contexto de un acuerdo de cooperación bilateral voluntaria entre los Estados miembros interesados, este mecanismo permitirá que un país transfiera nacionales de terceros países detenidos en la zona fronteriza y que se encuentren ilegalmente en su territorio al Estado miembro de donde llegaron.
