Brasilia, 6 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó este jueves al Congreso que archive cuatro proyectos clave del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), entre ellos uno que puede eximir de castigo a las fuerzas de seguridad que comentan abusos y otro sobre la eliminación de contenido falso en internet.
El gobernante progresista, en el poder desde el 1 de enero, pidió la “retirada de tramitación” de esas cuatro propuestas defendidas por la anterior administración del líder ultraderechista, según se publicó en el Diario Oficial.
La primera se refiere a un proyecto de ley de 2019, primer año de mandato de Bolsonaro, que pretende aliviar las sanciones a los agentes que, por ejemplo, maten a un delincuente en el ejercicio de sus funciones, aún si se llegara a sospechar que pudieran haber ocurrido abusos de poder.
La llamada “exclusión de ilicitud” para policías y militares en el marco de operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), figura que activa el jefe de Estado en situaciones de graves disturbios, fue una de las diversas medidas planteadas por Bolsonaro dentro de su estrategia de mano dura contra el crimen.
Sin embargo, el texto, ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos, que ya sitúan a las fuerzas de seguridad de Brasil entre las más letales del mundo, nunca avanzó en el Parlamento y ahora Lula pidió que sea archivado definitivamente.
El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) también solicitó que se descarte otra medida que dificulta la eliminación de contenidos en internet y que busca impedir que las redes sociales cancelen perfiles o retiren publicaciones sin una “causa justa”.
El Ejecutivo de Bolsonaro, quien es investigado por la difusión de noticias falsas sobre el sistema electoral y las instituciones democráticas, alegaba entonces que con esa norma estaría garantizada “la libertad de expresión”.
Del mismo modo, Lula pidió al Congreso que retire la tramitación del proyecto a partir del cual dejaba de ser obligatorio el envío de recursos obtenidos por el Estado en la explotación de petróleo para el Fondo Social, así como otro que imponía al Gobierno federal una determinada política nacional de largo plazo.
