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En mitad del caos hiperinflacionario y un entorno productivo en ruinas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha decidido que solo aquellos ciudadanos que tengan el carné de la patria, símbolo de los devaluados beneficios sociales chavistas, podrán comprar gasolina a un precio más asequible. Esta es una de las medidas económicas que el Gobierno iba a implementar a partir del 20 de agosto, pero finalmente se ha pospuesto hasta septiembre. El resto de decisiones como la reconversión monetaria ya han comenzado a funcionar.

El Gobierno de Maduro convocó a los transportistas y propietarios de vehículos a un Censo Nacional Automotor en la Plaza Bolívar de Caracas. Este padrón ha provocado bastante renuencia entre los venezolanos, con independencia de que pertenezcan al sector del transporte. El mandatario ha advertido de que quien no se registre deberá pagar el combustible “a precios internacionales”, que, por el momento, no se han concretado. Ni los expertos, ni los periodistas, ni los transportistas, ni los trabajadores de los expendios de gasolina conocen detalles del aumento que se avecina ni sus modalidades.

La gasolina venezolana se mantiene en precios ridículamente baratos, pese a la crisis que sufre el país. Llenar un tanque de 40 litros cuesta 400 bolívares, apenas unos exiguos centavos de dólar al cambio. Aun así, a la espera de que se concrete la medida, los venezolanos hicieron largas filas en las estaciones de servicio durante toda la semana. La primera sensación entre los usuarios es de resignación ante los constantes anuncios de Maduro. Trabajadores de las gasolineras, como Celso Álvarez, en la urbanización La California de la capital de Venezuela, no creen que el anuncio se vaya a cumplir. Aunque al mismo tiempo se extiende entre los ciudadanos la creencia de que sería mejor aumentar de una vez su precio.

Hugo Ocando, dirigente sindical y presidente de la Central Única de Transportistas de Caracas, explica que él y sus compañeros están ya cansados de censarse: “Ya nos hemos censado siete veces. Lo que a la mayoría nos molesta es que se nos diga que, si no lo hacemos por octava vez, no tendremos los insumos ni los repuestos para trabajar”. Según los cálculos de este sindicalista, en el registro hay unas 180.000 personas, una cifra muy inferior al más del millón de censados que defiende la propaganda oficial.

De acuerdo con los datos oficiales, en el país hay 1.300.000 familias que tienen este documento, a través del que se accede a algunos servicios públicos subsidiados y preferenciales, hoy muy empequeñecidos con la magnitud de la crisis económica. Durante un tiempo han estado vinculados con la simpatía militante a Maduro y la causa chavista, aunque muchas personas han tenido que acudir al instrumento de manera forzada para paliar los estragos del aumento de precios.

“El subsidio será a través de la billetera móvil del Carné de la Patria”, afirmó el dirigente chavista y gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. “Uno se puede registrar sin tener el Carné, pero para recibir el dinero será necesario tenerlo”. Rodríguez, que insiste en que estos beneficios son para toda la población, independientemente de su credo político, afirmó que la medida de Maduro persigue “acabar con el tráfico de gasolina” en la frontera, un delito sobre el cual son acusados con frecuencia funcionarios militares y civiles chavistas.

Un debate crónico

El aumento del combustible forma parte de un debate crónico, que lleva décadas, y que se ha suspendido en muchas ocasiones por motivos políticos. En esta ocasión, Maduro acude a la medida presionado por las urgencias fiscales y el grave deterioro de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El déficit fiscal del gobierno, ocultado por el Banco Central de Venezuela, es, de acuerdo con cálculos privados, de 19 puntos del PIB. Los precios, diferenciales y modalidades de pago del aumento, sin embargo, permanecen aún en una zona de total confusión.

“Aquí se ha pospuesto por mucho tiempo el ajuste del precio del combustible y el de la creación de un mercado de divisas. Son dos aspectos muy relacionados”, asegura Ronald Balza, economista decano de la Universidad Católica Andrés Bello, quien también se lamenta ante las lagunas informativas existentes. “No hay un ‘precio internacional’ de la gasolina. Hay uno casi en cada ciudad y país del mundo. No sabemos todavía cuál será el esquema cambiario que norme esta medida. Ese precio tendría que variar mensualmente. En 2016, PDVSA informó al gobierno de pérdidas de 5,7 mil millones de dólares [lo que en el país se conoce como millardos] por la venta de la gasolina al precio actual”.

Los técnicos de PDVSA ya habían hecho los cálculos para vender gasolina a los coches particulares y colectivos no censados a un dólar el galón, un esquema impracticable para el venezolano medio. Aunque no hay información oficial, las primeras informaciones sitúan el precio del litro en los 90.000 bolívares (menos de un centavo de dólar), en un esquema progresivo de aumentos, que puede tomar dos años. Este modelo es similar al que funciona en Irán: el gobierno pagará, contra reembolso, el dinero para el combustible en las cuentas de cada usuario, y quien no haya querido censarse deberá abonar el precio liberado.

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