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Bogotá, 16 may (EFE).- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró este lunes que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) apoyaron candidaturas de políticos que buscaban llegar al Congreso de Colombia en las elecciones de marzo de 2010 y también hubo respaldos para las campañas de los ahora expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Fotografía cedida hoy por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que muestra la comparecencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a través de videoconferencia, en Montería (Colombia). EFE/JEP

Así lo aseguró Mancuso en el tercer día de una comparecencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se desarrolló de forma virtual, pues está en un centro de reclusión en Estados Unidos.

Fotografía cedida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de víctimas de las AUC durante la comparecencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a través de videoconferencia, hoy en Montería (Colombia). EFE/JEP

“En el año 2002 las Autodefensas intervinieron de manera directa las elecciones al Congreso, el 10 de marzo del 2002; y también, las elecciones de mayo de Presidencia del 2002”, dijo Mancuso ante una pregunta del magistrado de la JEP Pedro Díaz.

Mancuso, que fue el último jefe de las AUC y que ahora busca que este tribunal especial que impone penas alternativas a la cárcel a cambio de aportaciones de verdad lo acepte, también dijo que “hubo ayudas en elecciones al candidato presidencial Horacio Serpa, al mismo presidente (Andrés) Pastrana (1998-2002) y a (Álvaro) Uribe (2002-2010)”.

Minutos después, el expresidente Pastrana, del Partido Conservador, escribió en redes sociales que le exigía “al cobarde asesino de Salvatore Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial”.

Pastrana también dijo que si Mancuso no presenta esas pruebas “pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”.

Serpa, quien fue 3 veces candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, falleció en octubre de 2020 a los 77 años, luego de padecer por varios años un cáncer.

Además de mencionar a los expresidentes no dio más detalles en la audiencia y pidió a la JEP que “estos temas podamos hablarlos en privado”.

Por su lado, el expresidente Iván Duque aseguró que lo que ha dicho Mancuso es una retaliación del Gobierno que lo extraditó a Estados Unidos en 2008 tras la desmovilización del grupo que lideraba, las AUC, que son el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto colombiano, según la Comisión de la Verdad.

“La tal ‘verdad’ de Mancuso es una venganza con el Gobierno que lo sometió a la Justicia y lo extraditó a los EE.UU. Por supuesto, lo que busca, es eludir sus crímenes en Colombia ante Justicia y Paz (la ley que reguló la desmovilización de las AUC) y que lo incluyan en la JEP para no pagar cárcel”, escribió Duque en Twitter.

LO QUE HA DICHO MANCUSO

En las otras jornadas de aporte a la verdad, Mancuso dijo que las AUC arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción del “horno crematorio” en el que desaparecieron a centenares de personas.

Igualmente, aseguró que Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia y primo del expresidente Juan Manuel Santos, le pidió crear un bloque paramilitar en Bogotá.

Sin embargo, el exvicepresidente Santos tachó de “infundio” las declaraciones de Mancuso y recordó que “durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió”.

La comparecencia de Mancuso, la “última oportunidad” que le da la JEP, se desarrolla en Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), y el exjefe paramilitar deberá “superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones (de la Ley) de Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria”, según la JEP.

Este tribunal especial creado por el acuerdo de paz con las FARC solo juzga crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla y la fuerza pública, pero puede incluir a terceros civiles, como es este caso, si tienen relación con los anteriores.

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