Naciones Unidas, 4 mar (EFE).- Los países de la ONU continuaban este sábado con sus maratonianas negociaciones para tratar de acordar un tratado que proteja la alta mar de los océanos.
La ronda final de discusiones sobre este texto comenzó el pasado 20 de febrero y su cierre estaba previsto para este viernes, pero las delegaciones continuaron el trabajo durante toda la noche para intentar alcanzar un pacto que se reclama desde hace décadas.
A primera hora del sábado, los gobiernos seguían dialogando en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para cerrar los últimos puntos abiertos, principalmente el de cómo se compartirán los beneficios futuros de las especies marinas que pueden proporcionar genes patentables, por ejemplo para su uso en medicina.
La presidenta de las negociaciones, Rena Lee, aseguró a lo largo del viernes que se estaban viendo avances y pidió a todas las partes flexibilidad para cerrar un tratado que, insistió, está más cerca que nunca.
Tras años de preparativos, las negociaciones de este pacto comenzaron oficialmente en 2018 y el objetivo era completarlas en 2020, pero esos planes se vieron frustrados por culpa de la pandemia de la covid-19, que obligó a retrasar todo el proceso.
Luego los países se fijaron la meta de tener un acuerdo para 2022, lo que tampoco fue posible, y ahora apuran las últimas horas de negociación para tratar de encontrar un consenso.
Entre los grandes objetivos de este tratado está servir de base para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.
La contaminación, el cambio climático y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los mares y a una pesca más intensiva son, según los expertos, las principales amenazas para la alta mar, que supone dos tercios del total de los océanos.
Pese a su enorme importancia para el planeta, hasta ahora todas estas aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas por todos los países han estado gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.
