Bogotá, 10 mar (EFE).- En el primer año en el que las mujeres colombianas pueden elegir abortar hasta la semana 24 sin ir a la cárcel ha habido más confianza y más acceso en las entidades prestadoras de Salud (EPS), recogió este viernes un informe de Causa Justa, que señaló que el 93 % de los abortos han sido antes del primer trimestre de embarazo.
El balance del primer año de la sentencia de despenalización de la interrupción involuntaria del embarazo de la Corte Constitucional colombiana señala que “hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que acudieron a La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en búsqueda principalmente de información”.
Este dato, según Causa Justa, permite sugerir que se ha generado en las mujeres “confianza y un mayor interés por encontrar información sobre el derecho” al aborto y la ruta de acceso. En palabras de la coordinadora de La Mesa, Laura Castro, “la reducción del uso del derecho penal sobre la práctica del aborto reviste en más confianza y seguridad para que las mujeres indaguen sobre este derecho”.
No obstante, alertó la organización feminista, las mujeres “no están obteniendo dicha información en el sistema de salud”.
Además, a un año de la sentencia, el acceso al aborto se ha dado “en un 93 % antes de la semana 12 de gestación”, es decir, en el primer trimestre, en los servicios atendidos en Oriéntame, aunque la Corte Constitucional aprobó un plazo de 24 semanas. Además, en los datos de la Fundación Oriéntame, durante este año no aumentaron los abortos.
“Contrario a lo manifestado por personas que se oponen al derecho al aborto, la despenalización hasta la semana 24 no hizo que las mujeres lo hicieran después de la semana 24”, recordó Causa Justa.
En comparación con el mismo periodo del año anterior, se produjo un aumento en las atenciones asumidas por las EPS, que antes eran asumidas de manera particular, lo que sugiere que “estas entidades están cumpliendo en mayor medida sus obligaciones” y que las mujeres “tienen mayor disposición a pedir el servicio como parte de los beneficios del sistema de salud”.
Sin embargo, “todavía persiste un porcentaje importante de mujeres que están afiliadas al sistema de salud pero que deben cubrir sus procedimientos con recursos propios o a través de subsidios”, advierte el informe.
DATOS DE LA MESA Y BARRERAS
En el primer año de implementación de la sentencia, el 66 % de las atenciones de La Mesa correspondieron a asesorías y 34 % a acompañamientos legales. Respecto al periodo anterior, aumentó el porcentaje de mujeres que acudieron a La Mesa durante el primer año de la sentencia en búsqueda principalmente de información.
Esto puede deberse, según Causa Justa, a que la cobertura mediática que tuvo la sentencia generó mayor interés en el derecho a la IVE y que las mujeres no están obteniendo esta información en el sistema de salud.
También disminuyó el porcentaje de mujeres que requirieron acompañamiento legal pero persistieron las barreras que imponen las entidades prestadoras de salud, que además en algunos casos “están tardando más tiempo del debido en garantizar el servicio”.
Las barreras que permanecen aún después de la sentencia están relacionadas principalmente con la falta de información y de reconocimiento de este fallo. Por ejemplo, prestadores que le dicen a las mujeres “ningún médico le va hacer ese procedimiento, esa norma se va a caer porque es del gobierno anterior”.
También la interpretación restrictiva de lo establecido por la Corte, como remisiones innecesarias a psicología, ginecología y trabajo social, y las fallas en la prestación de este servicio, prestadores que no conocen la ruta de acceso o prestadores que no cuentan con el medicamento para realizar el procedimiento.
No obstante, a pesar de que estos datos arrojan luz sobre este primer año de despenalización, “la falta de datos oficiales sobre la IVE es uno de los escollos de la política pública”, ya que no se han dado a conocer datos oficiales por parte del Ministerio de Salud sobre el balance anual.
Por ejemplo, los datos de Oriéntame indican que entre el 22 de febrero de 2022 y el 1 de febrero de 2023 se prestó el servicio de IVE a 8.421 mujeres en Bogotá, un dato muy superior al que reporta la Secretaría y que en teoría debería sumar las atenciones de todos los prestadores.
