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San José, 29 feb (EFE).- La organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río denunció este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, que más de 27 indígenas nicaragüenses tienen orden de captura por su labor como guardabosques comunitarios en el país centroamericano.

El presidente de la Fundación del Río, el nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, dijo en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos que de las 121 personas presas políticas que actualmente hay en Nicaragua, 10 son indígenas mayangnas y dos indígenas miskitu.

“Queremos resaltar que la persecución a las personas defensoras en Nicaragua continúa: más de 27 indígenas tienen orden de captura por labor como guardabosques comunitarios”, puntualizó el también defensor de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes de su país.

A finales de enero de 2023, el Ministerio Público de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas,-identificados por esa ONG como guardabosques comunitarios-, de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte, por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Indígenas sufren violencia

Durante su intervención, Ruiz felicitó el trabajo del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, que confirmó que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ejercen personalmente el control sobre todas las instituciones del Estado y dan órdenes directas o indirectas contra quienes se atreven a criticarles.

“Consideramos que estos esfuerzos de investigación son sumamente valiosos para que la comunidad internacional siga actualizándose sobre las diversas violaciones de derechos humanos que existen en Nicaragua”, incluida con la comunidad indígena y afrodescendientes, anotó.

Según la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades, las comunidades indígenas nicaragüenses han sufrido violencia bajo el Gobierno sandinista.

En julio de 2023, dos indígenas mayagnas nicaragüenses fueron asesinados en el Caribe de Nicaragua por parte de colonos o invasores de tierras, según denunció entonces Ruiz

Los asesinados pertenecían a las minorías étnicas que luchan contra la explotación de los recursos naturales y la deforestación en el territorio Mayangna Suani, en el Caribe de Nicaragua, según la Fundación del Río.

Temen exterminio de aborígenes

Un informe del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) detalló que desde la década de 2010 hasta enero de 2021, aproximadamente un millar de indígenas miskitos fueron desplazados de manera forzada hacia otras comunidades, algunas fronterizas con Honduras, así como 46 casos de secuestro, 4 desapariciones, 49 personas lesionadas, 8 heridos en ataques armados y 2 niñas agredidas.

Defensores de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua han condenado esos crímenes y han exigido a las autoridades nacionales dar respuesta y acción inmediata a la situación del territorio Mayangna Sauni As.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado también esos crímenes y han demandado justicia al Estado de Nicaragua

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.

Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.

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