Asunción, 9 may (EFE).- Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay intervinieron a partir de este lunes un colegio donde fue denunciado el presunto abuso de un niño de seis años al parecer por alumnos mayores, un hecho que ha estremecido al país.
La directora de desarrollo educativo de ese despacho, Zulma Morales, lideró un equipo de funcionarios que se trasladó hasta la ciudad de Lambaré (vecina a Asunción), donde se encuentra el colegio privado “SEK-Paraguay”.
Morales explicó a periodistas que la intervención, que se sigue en paralelo a los procesos que llevan el Ministerio Público y otras autoridades, puede durar un máximo de diez días prorrogables.
Indicó que, después de recibir un informe sobre la evaluación efectuada, el ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, “tiene la potestad de clausurar un colegio, siempre y cuando no reúna las condiciones o que incumpla en ciertos aspectos”.
De momento, explicó que han propuesto que las clases se cumplan de forma virtual para los niveles de educación escolar básica, tercer ciclo y media, y no sí para los estudiantes de la etapa inicial.
El hecho salió a la luz pública el pasado viernes, cuando la madre del menor declaró a medios locales que su pequeño habría sido presuntamente atacado por estudiantes de grados superiores.
La mujer, cuya identidad no ha sido revelada en virtud de las leyes de protección a la niñez, relató que había advertido a la institución de que su hijo era víctima de acoso por parte de otros alumnos de grados superiores.
Además, indicó que decidió acudir a la Fiscalía después de que reportara a la directiva de la institución sobre la agresión que el niño presuntamente sufrió el pasado 26 de abril.
Este lunes, Myriam Rodríguez, una de las fiscales asignadas al caso, dijo a la radio ABC Cardinal que hasta el pasado sábado se pudo identificar a “dos supuestos agresores”.
La fiscal indicó que los chicos, de 12 y 13 años, no son imputables según la legislación paraguaya “por la edad”.
La legislación local establece que los jóvenes de 14 años o más pueden enfrentar penas máximas de ochos años de prisión.
Por los hechos, la jueza de primera instancia, Gladys Fariña, ordenó en la noche de domingo, tras una maratoniana jornada de protestas de padres, la prisión preventiva de la directora del colegio y dos docentes que permanecen detenidas desde el viernes.
