Fernando Albán Salazar, concejal del Área Metropolitana de Caracas del partido Primero Justicia, murió este lunes en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas. El político opositor fue detenido el viernes pasado en el aeropuerto Simón Bolívar de la capital venezolana, cuando regresaba de Estados Unidos, por su presunta participación en el atentado fallido con drones contra el presidente Nicolás Maduro cometido el 4 de agosto en un acto militar. Es el tercer preso político que muere en las instalaciones del Sebin desde 2015.
Todavía no se conocen los detalles de la presunta participación del concejal en el posible atentado en el que estallaron los drones, por el que han detenido a más de 14 personas. Entre los prisioneros destaca Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional. Este lunes, Joel García, el abogado de Albán, esperaba conocer los detalles de su caso. “El tribunal sigue sin despacho y solo nos informa de que el traslado no ha llegado”, dijo minutos antes de que le informaran de la muerte de su cliente.
Primero Justicia, la formación de Julio Borges y Henrique Capriles, cree que se trata de un homicidio. “Con profundo dolor y sed de justicia nos dirigimos al pueblo de Venezuela, especialmente a los justicieros de todo el país, para informar de que el concejal Fernando Albán murió asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro en el Sebin de la plaza de Venezuela”, aseguró en un comunicado.
Muchos de los políticos culpados por el régimen de estar involucrados en la explosión de los drones en el acto militar de agosto en Caracas pertenecen a este partido opositor. El activista de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, Sergio Contreras manifestó en Twitter que él pasó por las celdas del Sebin: “Jamás me dejaron ir al baño sin la custodia de por lo menos dos funcionarios armados y jamás a un baño con ventanas”.
El Gobierno culpa a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, y a los Gobiernos de Colombia, Chile, Estados Unidos y México de estar detrás del atentado. La Cancillería venezolana ha acusado a la Casa de Nariño de proteger a los presuntos responsables de la explosión de los drones en Caracas. “Resulta risible que la presidencia de Colombia se sienta ofendida, cuando es público y notorio que el señor [Iván] Duque ha colocado la institucionalidad colombiana al servicio de intereses oscuros e inconfesables contra el Gobierno de Venezuela, avalando y apoyando toda suerte de acciones y conspiraciones”, afirma un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores divulgado el domingo.
Borges, exiliado en Bogotá, ha denunciado que la policía política presionaba a Albán para declararse culpable. “Ayer [domingo] hablé con su esposa y me dijo que estaba sólido, fuerte y me dijo que lo estaban presionando para incriminarlo en el tema del magnicidio y hoy vemos el resultado de eso”, dijo en una transmisión por Periscope.
La represión contra los opositores es denunciada por la Organización de Naciones Unidas. Hace cinco días la familia del general Raúl Isaías Baduel, otro preso político, denunció que había “rumores” de que murió una persona en la sede del Sebin. Por este motivo solicitaban una fe de vida del excompañero de armas de Hugo Chávez.
Esta no es la primera muerte de un prisionero en la sede de la policía política. En marzo de 2015, el piloto Rodolfo González, un opositor del Gobierno, se suicidó en sus instalaciones. El 17 de septiembre de 2017 Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, falleció tras sufrir un ictus mientras se encontraba detenido en la comisaría del Sebin.
En cambio, Maduro niega que existan prisioneros por motivos políticos y que se violen los derechos humanos en el país.
