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Tegucigalpa, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves que, en coordinación con la Asamblea Legislativa, de mayoría sandinista, declararán el 19 de abril como Día Nacional de la Paz.

El 19 de abril es una fecha simbólica para la oposición, que, por su lado, conmemorará las manifestaciones populares que estallaron hace cinco años contra el Gobierno que preside Daniel Ortega y la esposa de este, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

“Nos quisieron interrumpir, nos llenaron de sangre, de fuego, incendiaron hospitales, clínicas, centros de estudio, universidades, pero no pudieron, ni podrán”, dijo este jueves Murillo, a través de medios oficiales.

La vicepresidenta afirmó que el Parlamento celebrará una sesión en “los próximos días”, para hacer formal la declaratoria del Día Nacional de la Paz, el 19 de abril.

Murillo aseguró que el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, tiene preparada esa iniciativa.

“Una iniciativa que aplaudimos todos, conscientes de que la paz en esta patria de bendición, de trabajo y prosperidad, de tantas victorias, es esencial para la vida”, agregó.

Destacó que el Gobierno se ha declarado “defensor” y “guardián” de la paz de Nicaragua.

La oposición en el exilio tras esas protestas de hace cinco años ha convocado, por su parte, a manifestaciones para conmemorar esa efemérides, donde la diáspora nicaragüense es representativa, como en Costa Rica y Estados Unidos.

Jóvenes opositores califican el 19 de abril como “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

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