Pekín, 15 ene (EFE).- La Justicia hongkonesa condenó este sábado a hasta tres años y cuatro meses de cárcel a nueve personas por amotinarse dentro la Universidad Politécnica durante las protestas que azotaron la ciudad en 2019.

Dos de los acusados fueron enviados a un correccional, y el resto pasará hasta 40 meses en prisión por provocar altercados y portar armas “ofensivas” como tijeras, láseres o combustible para preparar cócteles molotov.

El juez Josiah Lam comentó que los acusados se equivocaron en la forma de expresar sus opiniones políticas, recoge la cadena de radio y televisión pública de Hong Kong (RTHK).

El asedio de la Policía hongkonesa a la Politécnica comenzó el 17 de noviembre de 2019, cuando se produjeron enfrentamientos violentos entre los activistas y los agentes en Hung Hom, en el distrito continental de Kowloon.

Muchos activistas escaparon entonces hacia la Politécnica pero enseguida se vieron rodeados por la Policía, que decidió detener a cualquiera que abandonase el campus.

Los jóvenes montaron barricadas en el recinto mientras que algunos consiguieron escapar deslizándose por puentes y otros lugares escondidos.

El campus se convirtió durante dos semanas en zona cero de las batallas campales que enfrentaban a activistas radicales del movimiento de protesta prodemocracia con agentes antidisturbios.

Tras once días de asedio, la Policía accedió al recinto y lo encontró muy deteriorado, con multitud de cócteles molotov, barricadas levantadas con mobiliario o máscaras antigás. Más de 1.100 personas fueron detenidas durante los días de protesta, de los que tan solo 46 eran estudiantes de la Politécnica.

Desde aquellas protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019, Pekín ha estrechado su control sobre la antigua colonia británica.

La nueva ley de seguridad nacional para el territorio creada en 2020 prevé penas de hasta cadena perpetua por supuestos como la secesión o la confabulación con fuerzas extranjeras.

En 2021, más de medio centenar de organizaciones hongkonesas decidieron disolverse para minimizar los riesgos para sus miembros de ser acusados de alguno de los supuestos de la polémica ley, y numerosos activistas o bien se han exiliado o han sido detenidos y encarcelados.

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