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El Paso/Brownsville (EE.UU.), 6 de junio.- Las recientes restricciones al asilo implementadas en la frontera de Estados Unidos han comenzado a regir esta semana, en un intento por parte de la administración de Joe Biden de imponer “orden” en el flujo migratorio. Aunque estas medidas están diseñadas para reducir las entradas irregulares, activistas y directores de albergues las critican por convertir las vidas de los solicitantes de asilo en monedas de cambio dentro de un juego político.

Según la orden ejecutiva del presidente Biden, estas restricciones se activarán cuando los cruces irregulares superen los 2,500 diarios y se suspenderán si caen por debajo de 1,500. El objetivo es fomentar el uso de canales legales para ingresar a Estados Unidos.

Oscar Leeser, alcalde demócrata de El Paso, Texas, apoyó estas medidas durante su anuncio en la Casa Blanca, considerándolas un paso crucial para dirigir a los migrantes hacia vías legales y seguras, y reducir así la explotación por parte de redes de tráfico humano.

Sin embargo, la realidad en el terreno presenta un panorama desafiante. Los migrantes que buscan protección enfrentan opciones extremadamente limitadas para ingresar legalmente. La aplicación CBP One, que permite solicitar citas en puertos de entrada, ofrece solo 1,450 espacios diarios, insuficientes frente a la demanda en una frontera de más de 3,000 kilómetros.

Esta situación ha llevado a miles de personas a cruzar de manera irregular, desesperadas por escapar de la violencia y la inseguridad en México. Anteriormente, incluso si eran arrestados, podían solicitar asilo. No obstante, con las nuevas regulaciones, esa posibilidad se ha eliminado para la mayoría, permitiendo a las autoridades deportar o devolver a México a quienes no cumplan con los criterios estipulados, salvo algunas excepciones.

Estas políticas han generado un debate intenso sobre la mejor manera de manejar la inmigración y la protección de los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México.

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