San Salvador, 21 may (EFE).- Cientos de personas de la población de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) de El Salvador marcharon este sábado en la capital para reclamar sus derechos y reafirmar su demanda al Congreso de que apruebe una ley de identidad de género.
“Demandamos a la Asamblea Legislativa, pero en especial al grupo parlamentario de Nuevas Ideas (partido oficialista), que respondan nuestras peticiones”, indicaron varias organizaciones en un comunicado.
Señalaron que han pedido en varias ocasiones reunirse con los legisladores para “exponerles la necesidad de una ley de identidad de género para personas trans, así como su respectivo estudio y aprobación”.
Lamentaron que en febrero pasado se venció el plazo que había dado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para emitir esta legislación y que “la única respuesta que hemos recibido es un silencio absoluto”.
También llamaron a la Corte Suprema para que resuelva los casos de amparo que ha recibido “por el cambio de nombre y género de algunas personas trans”.
En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional ordenó en un fallo al Congreso “emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”.
Los magistrados constitucionalistas dieron a los diputados el plazo de un año para emitir esta reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural, plazo que ya venció.
“La falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado”, apunta la resolución.
En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al órgano Legislativo un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.
En diversas ocasiones, los activistas de derechos humanos de la comunidad LGTBI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre la comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado “cómplice” de los asesinatos y la impunidad.
