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San Salvador, 5 feb (EFE).- El Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca) exigió este lunes la liberación del poeta salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja, quien habría sido detenido tras leer los artículos de la Constitución que prohíben la reelección en un centro de votación.

“Exigimos la liberación del escritor salvadoreño-canadiense, Carlos Bucio Borja, quien fue detenido el pasado 4 de febrero de 2024, en el marco de la jornada electoral, después de leer artículos de la Constitución en un centro de votación”, indicó en un comunicado.

Agregó que “la libertad de pensamiento y expresión no deben ser penalizadas con detenciones arbitrarias”.

“Demandamos que las autoridades competentes brinden información sobre su estado y captura, así como su pronta liberación”, concluyó el ente defensor de derechos humanos.

El domingo, usuarios de redes sociales y periodistas divulgaron fotografías y vídeos en los que se observa a Carlos Bucio Borja recitar los artículos y a agentes escoltando fuera de un centro de votación. La Policía salvadoreña no se ha pronunciado.

El Salvador celebró elecciones presidenciales y legislativas que se vieron marcadas por la polémica de la candidatura a la reelección inmediata de Nayib Bukele, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.

Bukele se autoproclamó vencedor de las elecciones antes de conocerse los resultados oficiales y dijo que fue con más del 85 % de los votos.

Con el escrutinio preliminar del 70,25 % de las actas Bukele, de 42 años, alcanzaba 1.662.313 votos, seguido por el candidato de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores con 139.025 votos, y del aspirante de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Joel Sánchez, con 122.926 votos.

De confirmarse los datos oficiales, Bukele se convertiría en el primer presidente de El Salvador en reelegirse desde que el país dejó atrás una dictadura militar y seguiría teniendo la mayoría en el Congreso.

Esto le permitiría continuar con su guerra contra las pandillas por medio de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022.

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