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Puerto Gaitán (Colombia), 27 mar (EFE).- “Ayer nos devolvieron”, cuentan las autoridades indígenas sikuani frente a la barrera que les impide entrar a sus casas, a la espera de autorización para seguir, y denuncian que sus tierras ancestrales, en el departamento colombiano del Meta, ahora son propiedad de terceros que, según afirman, los compraron de forma irregular.

En la finca Santa Catalina, propiedad de la empresa cárnica La Fazenda, reciben una negativa de pasar junto a la comitiva de periodistas que los acompaña; prueban suerte con la otra entrada, la de la comunidad ultrarreligiosa menonita, que sí les autoriza el paso.

“Aquí están enterrados nuestros abuelos”, cuenta Jairo Ortiz frente a uno de los sitios sagrados de los sikuani, ahora en territorio menonita.

“En época de violencia se fueron de aquí, no le vendieron a nadie los predios y los dejaron botados, en ese momento llegó otra gente que no es indígena y se adueñaron”, indica el capitán, cargo de autoridad de este pueblo seminómada desplazado en varios episodios de la historia colombiana.

En el Meta vivieron hasta el llamado periodo de “la Violencia”, que comenzó en 1946, cuando tuvieron que huir hasta los vecinos departamentos de Vichada y Guaviare. Después regresaron pero vino de nuevo a persecución con las “guahibiadas” y “jaramilladas”, términos usados para referirse a las cacerías de indígenas para desplazarlos de sus tierras y apoderarse de ellas.

Hace unos años volvieron a la tierra de sus ancestros cuando el conflicto colombiano rebajó su intensidad, pero se dieron cuenta de que lo suyo ahora estaba en manos de otros, entre ellos la comunidad ultrarreligiosa menonita que, procedente de México, que encontró la tierra prometida en los Llanos Orientales colombianos.

El problema de la tierra en Colombia es una de las grandes deudas del Estado; es muy difícil saber de quién es cada predio porque muchos territorios no son titulados.

Ahora, las 135 familias sikuani de este asentamiento reclaman sus tierras y denuncian su apropiación y acumulación por extranjeros.

La compra de los menonitas

Un indígena Sikuani conduce su moto en un terreno incendiado, el 16 de marzo de 2024, en Puerto Gaitán (Colombia).EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Los menonitas, cuando vieron el potencial del Meta, contrataron a una abogada que les asesoró en la compra de predios, por lo que “en principio” son legales, explica a EFE Diana Quintero, abogada de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien acompaña a los sikuani en su demanda.

El problema llega cuando se analizan los títulos que los menonitas compraron, adjudicados por la estatal Agencia Nacional de Tierras porque eran baldíos de la nación.

La norma dice los baldíos tienen que permanecer en manos de su dueño un tiempo determinado, pero los que fueron vendidos a la comunidad religiosa no cumplieron este plazo y no se tuvo en cuenta a los pueblos indígenas.

Otra supuesta irregularidad, prosigue Quintero, es que la adjudicación de baldíos tiene un límite de hectáreas, algo que se denomina la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y los propietarios de estas tierras adquirieron más de lo permitido por la ley, incurriendo en acaparamiento.

Quintero sostiene que los menonitas acaparan porque “aunque digan que son familias diferentes, ellos hacen parte de un núcleo” y vinculan todas sus tierras en un mismo proceso productivo, superando el límite legal de UAF.

Peticiones de los sikuani

Indígenas sikuanis hablan con un vigilante en la finca Santa Clara, propiedad de la empresa cárnica La Fazenda, para que les permitan llegar a sus resguardos pero no se los permiten, el 16 de marzo de 2024, en Puerto Gaitán (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

“Hace dos años los menonitas empezaron a entrar poco a poco. No se le podía decir nada porque tienen quien los respalda”, detalla Alexander Álvarez, gobernador de la comunidad Iwitsulibo, que congrega a 80 familias, en referencia a las supuestas alianzas de la comunidad religiosa.

Según los indígenas, en la zona hay presencia de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), aliados con los menonitas para proporcionarles seguridad. Se desplazan con motos sin placa y no se identifican, mientras todas las autoridades sikuani denuncian haber recibido amenazas por sus demandas.

Los sikuani reclaman en total 58.000 hectáreas a repartir entre las cuatro comunidades y piden que se conforme un resguardo. Tsabilonia es la comunidad que más cerca está de conseguir sus reclamos, ya que se le ha adjudicado -a la espera de formalización- un territorio en extinción de dominio que perteneció a narcotraficantes, pero exigen más hectáreas.

A la entrada de Tsabilonia es visible la diferencia del uso de la tierra que hacen ambas comunidades: del lado menonita no hay un solo árbol, solo hectáreas a la espera de ser cultivadas, y del lado sikuani, pasto y vegetación nativa.

“Nos están presionando, nos están contaminando los menonitas extranjeros que vienen de Alemania, Canadá y México”, denuncia Albarrubiela Gaitán, autoridad tradicional del territorio Barrulia: “Queremos estar tranquilos en nuestro territorio, cultivando nuestros usos y costumbres porque como indígenas necesitamos nuestra tierra madre para vivir en paz y libertad”.

Las siembras de los menonitas llegan casi a la puerta de la casa de Albarrubiela; por el momento, la comunidad religiosa sigue expandiendo la frontera agrícola mientras los sikuani esperan que la Justicia colombiana emita una decisión sobre una tierra que pasó de ser esperanza a disputa.

Laia Mataix Gómez

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