Once días después de que la Cancillería peruana fuese notificada por Uruguay sobre la petición de asilo del expresidente Alan García, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha afirmado este jueves que Perú espera “una posición muy razonada y también justificada” por parte del Gobierno de Tabaré Vásquez.
De paso, las autoridades peruanas han advertido de que la respuesta “no solo será sobre el otorgamiento de asilo sino una toma de posición frente a la democracia peruana”.
El veterano líder del conservador Partido Aprista alega estar siendo objeto de persecución política después de que un juez ordenase su permanencia en Perú por 18 meses para permitir diligencias fiscales por lavado de activos en agravio del Estado y por cohecho en la concesión de la línea 1 del metro de Lima —durante su segundo Gobierno— al gigante brasileño Odebrecht.
García era investigado por tráfico de influencias en este caso y llegó de Madrid, donde residía, para un interrogatorio del fiscal provincial José Domingo Pérez, miembro del equipo especial de Lava Jato en Perú.
Nuevas pruebas proporcionadas por Odebrecht dieron cuenta de que la constructora le pagó 100.000 dólares procedentes de su contabilidad paralela poco después de haber dejado la presidencia, en julio de 2012. Fue entonces cuando el fiscal pidió la orden de arraigo, que García aceptó. Horas más tarde, sin embargo, el expresidente dijo sentirse perseguido y se protegió en la residencia del embajador de Uruguay en el acomodado distrito de San Isidro de la capital peruana.
“El ingreso a la casa del embajador fue coordinado [por García y el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez] y se esperaba una respuesta positiva inmediata que no ha acontecido. Es importante porque en apego a la Convención de Caracas (de asilo, de 1954) el gobierno uruguayo está evaluando la documentación que enviamos”, expresó Zeballos en un encuentro con corresponsales de medios extranjeros.
“Esperamos una respuesta apegada no solo a los compromisos internacionales de lucha anticorrupción, sino a la realidad de los acontecimientos que ocurren. El Gobierno no ha tenido ninguna intervención [en el pedido de arraigo], tanto así que la vicepresidenta [Mercedes Aráoz] también tiene un proceso de investigación en curso”, destacó el congresista que asumió como ministro de Justicia hace cuatro meses.
Zeballos dijo también que “pareciera que Uruguay va a extender un certificado de democracia a Perú”, y que el presidente Martín Vizcarra ha sido muy respetuoso del orden constitucional. “¿De qué contravención a principios democráticos estamos hablando? El ciudadano Alan García ha puesto en una circunstancia bastante delicada a las autoridades uruguayas”, cuestionó el ministro.
Costa Rica como primera opción
El diario El Comercio informó este miércoles de que, a falta de respuesta rápida de Montevideo, un emisario del político aprista sondeó a la embajada de Costa Rica por si aceptaría una solicitud de asilo. El funcionario de turno ofreció consultarlo con sus superiores y llamó a la Cancillería peruana para pedir información, un procedimiento habitual en estos casos. Una fuente del Ministerio de Exteriores confirmó a EL PAÍS que, en efecto, así ocurrió.
Consultado por este diario sobre ese segundo intento del entorno de García, el ministro de Justicia comentó que el marco legal no es claro si, en caso de que Uruguay denegara el asilo, lo tiene que entregar al Estado peruano u otro Estado que lo proteja. Sin embargo, fuentes diplomáticas indican que si Montevideo rechazara la petición, se ganaría un problema político gratuito con Perú al entregarlo a un tercero.
García anunció que desde el jueves, “dadas las circunstancias”, delegará en su abogado la administración de su cuenta de Twitter. Una posible señal de su preocupación, ya no solo del asilo, sino de la pesquisa fiscal y consecuencias judiciales, pues en ese medio social ha escrito recientemente sobre el pago que recibió de Odebrecht, cuando antes siempre lo había negado. Ahora, además de cuatro congresistas apristas y su abogado, se ha sumado como vocero de García su secretario personal.
Los medios peruanos están detrás de las operaciones del encargado de la filial uruguaya de la Banca D’Andorra, Andrés Sanguinetti, hermanastro del ex presidente del país sudamericano Julio Sanguinetti, quien —por encargo de Odebrecht— ayudó a exfuncionarios del gobierno de Alan García a abrir cuentas en Montevideo o crear empresas offshore para recibir los sobornos de la concesionaria del Metro de Lima. Otras diligencias fiscales están pendientes en Uruguay, independientemente de la decisión de cobijar o no al expresidente, que ya se había asilado en Colombia en 1992.
ODEBRECHT RECONOCE SOBORNOS EN CUATRO OBRAS PÚBLICAS
La constructora brasileña Odebrecht llegó a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y la Procuraduría de Perú en el que reconoce que pagó sobornos en cuatro obras públicas recientes. Una de ellas, la de la línea 1 del Metro de Lima, fue una concesión favorecida por decretos del Gobierno de Alan García (2006-2011).
Aunque el acuerdo de colaboración será firmado la próxima semana, la prensa y el ministro Zevallos adelantaron algunos aspectos: si bien la empresa constructora no será procesada penalmente en Perú -en Brasil ya enfrenta cargos- acepta pagar una reparación civil al Estado peruano y dará acceso a los servidores que contienen información sobre los sobornos. Asimismo, los ejecutivos de Odebrecht proporcionarán más pruebas.
Las otras tres concesiones por las que pagó coimas son la carretera Interoceánica Sur —durante el Gobierno de Alejandro Toledo—, la ampliación de una vía hacia el Callao —con el gobernador regional Félix Moreno— y una obra vial en Cusco —en tiempos de Ollanta Humala—.
