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Lima, 5 feb (EFE).- Las autoridades de Perú investigan la información que señala que al menos una de las armas que sicarios colombianos utilizaron para matar en agosto pasado al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio tiene origen peruano, informó este lunes el primer ministro, Alberto Otárola.

Durante una rueda de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros, Otárola declaró que la presidenta Dina Boluarte ha dispuesto que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) “organice una investigación inmediato”.

Añadió que, en el aspecto judicial, “la investigación estará a cargo del Ministerio Público”

“Vamos a tomar todas las medidas que permitan reducir la delincuencia”, sostuvo antes de indicar que la intención es también “castigar a aquellos malos funcionarios o ciudadanos” que trafiquen con armas de fuego.

El programa periodístico Punto Final citó este domingo el testimonio del jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri), Carlos Céspedes, quien detalló que van a “dar cuenta cómo llegó un arma” de Perú “a ser utilizada por delincuentes ecuatorianos”.

Explicó que al menos una de esas armas, un fusil AR15 que es utilizado para la caza y el deporte, tiene registro peruano y fue importada legalmente, pero llegó de forma ilegal a Ecuador.

“Hablamos de delitos trasnacionales, delitos que rompen fronteras, de organizaciones criminales que se pueden asentar en Ecuador, Perú u otros países, estamos hablando de tráfico de armas”, añadió Céspedes.

El general de la Policía Nacional sostuvo que se sospecha que existe una red de tráfico ilegal de armas y que el fusil AR15 se puede importar y vender de manera legal en Perú, pero hay casos de compradores que adquieren grandes cantidades y luego reportan pérdidas y robos.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto a la salida de un mitin electoral en un recinto escolar del centro norte de Quito, donde, al abordar el vehículo, fue acribillado a tiros de arma de fuego por sicarios colombianos, en un ataque a corta distancia.

La mayoría de los procesados por el asesinato han muerto en circunstancias aún no esclarecidas, entre ellos los siete colombianos que participaron en la ejecución del atentado.

Otárola también se refirió al incremento del accionar del crimen organizado y la delincuencia en la región norteña de La Libertad, cuyo gobernador, César Acuña, se reunió la semana pasada con las autoridades del Ejecutivo para expresarles su “preocupación legítima respecto a la situación de la violencia criminal en su región”, según dijo el primer ministro.

Informó que “se está recabando información” sobre lo que sucede en La Libertad y durante esta semana el Gobierno anunciará las medidas de seguridad que se aplicarán, que según Acuña incluirán la declaración del Estado de Emergencia.

Aunque el primer ministro no confirmó si se tomará esa medida, enfatizó que “lo que sí no va a quedar ninguna duda es que la respuesta va a ser enérgica” de parte de las autoridades.

También adelantó que “existe es una decisión del gobierno de instalar una instalación policial-militar” en la localidad de Pataz, una de las provincias de La Libertad, donde en los últimos meses se han presentado asesinatos, enfrentamientos y acciones violentas atribuidas a mineros informales.

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