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San José, 6 feb (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación del excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles, pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado por las alegadas violaciones a los derechos del político durante las elecciones de 2013.

Los abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Erick Acuña y Daniela Saavedra (en pantalla) participan en una audiencia, el 5 de febrero del 2023, en San José (Costa Rica). EFE/Alexander Otarola

“Buscamos que haya una decisión ejemplar contra las conductas indebidas e ilegales del Gobierno venezolano en los proceso electorales como su indebida intervención en los mismos, la presión sobre funcionarios públicos, la presión sobre el ciudadano común, la violencia en centros electorales. Son un sinnúmero de conductas que atentan contra las elecciones libres, justas y democráticas”, dijo a EFE el representante de Capriles, Ramón Medina.

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y jueza Nancy Hernández López participa en una audiencia, el 5 de febrero del 2023, en San José (Costa Rica). EFE/Alexander Otarola

El representante de Capriles dijo también que espera que la sentencia de la CorteIDH sirva como una especie de guía o código de conducta de cómo se debe comportar un Gobierno democrático en un proceso electoral.

La CorteIDH llevó a cabo este martes la audiencia por este caso, a la cual el Estado venezolano no envío representantes, por lo cual la jornada se limitó a los alegatos de la CIDH y del representante de Capriles, Ramón José Medina.

Capriles tampoco participó en al audiencia debido a que tuvo que atender asuntos familiares, pero presentará una declaración por escrito a la CorteIDH sobre el caso, dijo a EFE su representante.

Sobre la ausencia del Estado de Venezuela en la audiencia, Medina afirmó que es una muestra de que no lleva la razón en el caso y que por ello no quiso exponerse a un debate.

El caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de los derechos políticos, a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a la protección y garantías judiciales en perjuicio de Henrique Capriles, en el marco de su participación como candidato presidencial en las elecciones del 14 de abril de 2013, en las que perdió por escaso margen contra Nicolás Maduro.

La demanda presentada por la CIDH ante la CorteIDH, indica que el 14 de abril de 2013, una vez finalizada la votación y el recuento digital de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se expidió sobre los resultados electorales, dando como ganador a Nicolás Maduro con el 50,61 % de los votos, frente a Capriles que obtuvo el 49,12 %.

Capriles solicitó al CNE una auditoría completa de los votos, solicitud que fue rechazada. Los recursos planteados ante el Tribunal Supremo de Justicia también fueron rechazados y ese tribunal le impuso a Capriles una multa por ofender al Poder Judicial con expresiones agraviantes y ofensivas.

La demanda contra el Estado alega que en Venezuela existen serios obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos y no hay garantía de independencia del CNE, situación que incide directa y negativamente en la protección de los derechos políticos.

Otro punto de la demanda señala que el uso de recursos y medios públicos para impulsar la campaña presidencial del candidato oficialista Maduro generó una ventaja indebida frente al resto de los candidatos.

Asimismo, se alega que existían dudas razonables sobre la vinculación política de algunos miembros del Tribunal Supremo de Justicia con otras partes del proceso.

La representación de Capriles, que pidió a la CorteIDH, medias de reparación y de no repetición, afirma además que la multa impuesta al excandidato por la interposición de un recurso ante el TSJ, constituyó una violación a su derecho a la libertad de expresión.

Después de la audiencia del martes en la CorteIDH, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces el tribunal continental podrá emitir una sentencia en los próximos meses.

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