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Brasilia, 6 dic (EFE).- Un grupo de activistas se dio cita este martes frente a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para pedir la extinción del denominado “presupuesto secreto”, un mecanismo de distribución de recursos públicos decidido por los parlamentarios, que es cuestionado por su falta de transparencia.

Integrantes de la ONG Río de Paz fueron registrados este martes, 6 de diciembre, al sostener un cartel que dice "El presupuesto secreto es corrupción, Supremo Tribunal Federal (STF) haz tu parte!" durante una protesta contra la corrupción, en Brasília (Brasil). EFE/Andre Borges

El mecanismo, creado por el Parlamento a mediados de 2020 y que el actual presidente, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, ha aprovechado para ganar aliados en el Congreso, permite que los diputados y senadores decidan la inversión de fondos públicos en proyectos de manera anónima.

Desde las 6.30 hora local (9.30 GMT) activistas de las organizaciones Río de Paz y Nossas, acompañados por miembros de otras organizaciones de la sociedad civil, extendieron frente a la sede del Supremo, en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia, una pancarta en la que se puede leer la frase “El presupuesto secreto es corrupción. ¡STF, haga su parte!”.

El mensaje de la pancarta fue complementado con una caja negra asegurada con una cadena y un candado.

El inmenso baúl, que contenía unas 200.000 firmas de personas que piden acabar con el “presupuesto secreto”, simbolizaba la falta de transparencia en el manejo de dinero público.

La protesta se realizó un día antes de que la Corte Suprema comience un juicio en el que analizará si es constitucional ese mecanismo, que oficialmente se llama “enmiendas del relator”, pues se trata de enmiendas a la ley de presupuestos, que son presentadas por los autores de los proyectos, cuyos nombres no se divulgan.

De acuerdo con los manifestantes, el “presupuesto secreto” es uno de los “mayores esquemas de corrupción en la historia del país” y desde 2020 ya desembolsó más de 50.000 millones de reales (unos 9,4 millones de dólares) para que diputados y senadores los gastaran a su gusto “sin transparencia o control”.

Para las ONG, se trata de un “mecanismo de corrupción legalizada” en el que “el Gobierno compra apoyo en el Congreso” ofreciendo un “cheque en blanco” del presupuesto federal.

El resultado son casos escandalosos de desvíos de dinero, como la compra de tractores por un valor en un 250 % superior al precio del mercado o que en un municipio de 40.000 habitantes se hayan realizado más de 540.000 extracciones dentales en un año, como lo denunció la revista Piauí en julio pasado.

Antes de que existiera el cuestionado mecanismo, la mayor parte de los recursos controlados por el Congreso eran repartidos proporcionalmente entre los parlamentarios mediante un proceso transparente en el que se sabía cuál diputado o senador utilizaba los fondos y con qué fin.

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