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Bogotá, Colombia, 15 de mayo de 2024.- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que comparecerá ante la Fiscalía este miércoles como testigo en la investigación sobre las grabaciones de video filtradas durante su campaña presidencial en 2022, un caso que ha suscitado grandes controversias en el ámbito político del país.

En un reciente mensaje en la red social X, el mandatario expresó su intención de esclarecer los hechos detrás de lo que ha denominado el ‘watergate colombiano’. “¿Quiénes fueron los responsables de interceptar casi durante un año entero las comunicaciones de mi campaña a la presidencia?”, cuestionó Petro.

La Fiscalía confirmó que la declaración de Petro será llevada a cabo en la Casa de Nariño, sede presidencial, y estará a cargo de un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), como parte de la ampliación de una denuncia presentada durante el tiempo de campaña.

Origen del Escándalo en la Campaña de Petro

El escándalo, conocido como ‘petrovideos’, surgió cuando varios videos filtrados en junio de 2022 revelaron discusiones internas de la campaña de Petro. Estas grabaciones mostraban estrategias electorales y conversaciones sobre tácticas consideradas poco éticas, incluyendo esfuerzos por desprestigiar a rivales políticos y posibles vínculos con actores cuestionables.

Los principales afectados por estas acciones fueron Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, de la Coalición Centro Esperanza, y el derechista Federico “Fico” Gutiérrez. En los videos, se observa a Roy Barreras, actual embajador de Colombia en Londres, discutiendo estrategias para neutralizar a Gaviria y considerando tácticas contra Fajardo.

Por otro lado, Sebastián Guanumen, quien ahora desempeña funciones como cónsul en Santiago de Chile, fue captado proponiendo acciones para asociar a Gutiérrez, alcalde de Medellín, con el narcotráfico como estrategia de campaña.

Tras la filtración de estos videos, Petro hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos para investigar la interceptación ilegal de las comunicaciones, una solicitud que evidencia la profundidad de la crisis y la urgencia de obtener respuestas claras sobre estos hechos. Esta situación plantea serios cuestionamientos sobre la ética y la legalidad en las prácticas políticas en Colombia.

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