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Quebec, 10 de junio de 2024 – La Asamblea Nacional de Quebec ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de los inquilinos con la aprobación unánime de una nueva legislación que prohíbe los desalojos comunes durante los próximos tres años, o hasta que la provincia alcance una tasa de desocupación de viviendas del 3%. La medida fue anunciada el 6 de junio y es una respuesta directa a la creciente crisis inmobiliaria en la región.

La ley, que se aplica de manera retroactiva desde el 22 de mayo de 2024, fecha en que se presentó el proyecto, ofrece una red de seguridad para aquellos inquilinos que recibieron órdenes de desalojo sin su consentimiento y donde el arrendador no ha recurrido al Tribunal provincial de vivienda. Además, los municipios con bajas tasas de desocupación pueden solicitar exenciones a esta moratoria.

Esta iniciativa surge en un contexto donde la tasa de desocupación en los principales centros urbanos de Quebec ha disminuido constantemente desde 2021, situándose ligeramente por encima del 1% en 2023, según datos de la Sociedad Canadiense de Hipotecas y Vivienda.

Además de las restricciones temporales, la legislación también fortalece de manera permanente las protecciones contra los desalojos para personas mayores mediante la Ley Françoise David. Ahora, los residentes de 65 años o más que hayan vivido en su vivienda durante al menos diez años y cuyos ingresos no superen el 125% del umbral para vivienda subvencionada, estarán protegidos contra desalojos y recuperaciones.

“Esta ley representa un paso significativo hacia la solución de la crisis inmobiliaria de manera más humana”, expresó France-Élaine Duranceau, ministra de Vivienda de Quebec, quien celebró la recepción positiva del proyecto por parte de diferentes sectores.

Christine Labrie, diputada de Quebec Solidario y una de las redactoras del proyecto, destacó la persistencia de su partido en abogar por estas medidas. “Esto es el resultado de años de esfuerzos por una moratoria de los desalojos y una mayor protección para nuestros mayores”, afirmó Labrie, cuyo partido también busca incorporar el derecho a la vivienda en la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec.

El nuevo marco legal llega en un momento crítico, como lo evidencia un informe reciente del Regroupement des comités logement et Associations de locataires du Québec (RCLALQ), que indicó un aumento del 132% en las denuncias de inquilinos obligados a dejar sus hogares en el último año, alcanzando un total de 3.530 casos.

Esta legislación integral apunta a estabilizar el mercado de alquiler en Quebec y proveer a los ciudadanos de la seguridad y la protección que necesitan en un mercado de vivienda cada vez más volátil.

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