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Bogotá, 25 nov (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recomendó este viernes entre cinco y ocho años de sanciones para siete exjefes de las FARC que reconocieron su responsabilidad en los secuestros cometidos por la antigua guerrilla durante el conflicto armado y por los que fueron imputados por este tribunal.

En su resolución de conclusiones, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda “reconocieron su responsabilidad por los por crímenes de guerra y lesa humanidad imputados en el Caso 01”, detalló la JEP en un comunicado.

Además esta sala de este tribunal surgido del acuerdo de paz para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad recomendó a la siguiente sala de la JEP que se tiene que ocupar de este caso y enunciará las sanciones que sean de 5 a 8 años.

Así, será ahora la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz la que deba decidir las sanciones propias que impondrá a los excombatientes y la forma en que serán materializadas.

Esas sanciones, agregó la información, serán “de entre 5 y 8 años y deben ser verificadas y monitoreadas por Naciones Unidas”, agregó la información.

En ese sentido, la Sala “sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía, y como tal no tenía responsabilidad de mando”.

“La Sección deberá evaluar cuáles serán las sanciones que impondrá a los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC-EP y definir tanto su contenido reparador y restaurador como su contenido de restricción no carcelaria de libertades y derechos”, precisó la JEP.

La Sala también aprobó los proyectos restaurativos-reparadores que propusieron los antiguos miembros del Secretariado de las FARC, el máximo órgano de mando de la guerrilla.

Entre ellos aparecen trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas.

Estas propuestas fueron examinadas por las víctimas, que hicieron observaciones a través de sus representantes comunes y pidieron ajustes a las actividades de cada proyecto.

El Caso 01 fue nombrado por el alto tribunal como “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la FARC-EP en el que la JEP acusó al último secretariado de la guerrilla por más de 21.000 víctimas de secuestros y los delitos ocurridos durante los mismos (torturas, violaciones sexuales, tratos malos y denigrantes y homicidios).

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