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La Paz, 5 ene (EFE).- Las entidades cívicas del departamento de Potosí, en el suroeste de Bolivia, se sumaron este jueves a las protestas que exigen la liberación del gobernador de la oriental Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por los hechos de la crisis política de 2019.

Una movilización encabezada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) recorrió varias calles de la ciudad con la finalidad de pedir la libertad de “todos los presos políticos” en el país, declaró a los medios la presidenta de la organización, Roxana Grass.

“Nuevamente estamos en las calles porque no queremos vivir en un país sin democracia (y) sin libertad” y porque el Gobierno “utiliza a la Policía para reprimir al pueblo”, señaló.

Justamente, la protesta en Potosí evocó la situación del exlíder cívico Marco Pumari, quien fue candidato a la Presidencia con el partido del gobernador y está en prisión hace más de un año por los destrozos a instituciones públicas durante la crisis política de 2019.

Además de Potosí, en otras regiones como la sureña Tarija, la central Cochabamba y La Paz grupos de activistas han realizado algunas marchas y concentraciones para exigir la liberación del gobernador cruceño.

Este jueves en Santa Cruz, los transportistas organizaron una gran caravana para exigir la libertad de Camacho y de otros detenidos como la expresidenta interina Jeanine Áñez, y varios exjefes militares y policiales.

Grass también confirmó la adhesión de su región a la protesta nacional que las nueve organizaciones cívicas de Bolivia fijaron para el próximo 10 de enero con “resguardo” a las instituciones públicas del nivel central.

Hace más de una semana, la Policía activó un polémico operativo para arrestar a Camacho y trasladarlo de Santa Cruz a La Paz, donde un juez dictó cuatro meses de detención preventiva en un penal de máxima seguridad a casi 4.000 metros de altitud.

Al gobernador se le acusa por terrorismo dentro del caso “golpe de Estado I” por las protestas sociales de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

Para el oficialismo, esos hechos fueron un “golpe de Estado”, mientras que para la oposición se debieron a un fraude electoral en las elecciones anuladas de ese año.

El arresto y el encarcelamiento de Camacho por cuatro meses ha provocado constantes protestas además de enfrentamientos entre sus partidarios y la Policía, que han derivado en destrozos a instituciones púbicas con decenas de detenciones.

Esta jornada, una corte boliviana negó el pedido de libertad hecho por la defensa de Camacho, pero como medida cautelar dispuso que se le permita salir del penal para ser atendido en un centro médico en caso de emergencia, por las enfermedades hipogamaglobulinemia y síndrome de Churg-Strauss que padece.

Las autoridades penitenciarias de Bolivia remarcaron en que la salud del gobernador cruceño es “estable” y que puede recibir tratamiento en el mismo penal.

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