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San Salvador, 25 mar (EFE).- Una docena de personas dedicaron este lunes un viacrucis a los más de 200 fallecidos bajo custodia de agentes de Seguridad en diferentes cárceles de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, que se implementa en el país desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

Familiares de personas detenidas y representantes de la organización Socorro Jurídico participan este lunes en un 'viacrucis' dedicado a personas fallecidas bajo el régimen de excepción, a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Las personas, en su mayoría familiares de las víctimas, llevaron a cabo la actividad en la entrada principal del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, y fueron acompañados por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario.

Fotografía de un cartel con fotografías de personas fallecidas bajo el régimen de excepción, a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, este lunes, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico, dijo a la prensa que el acto simbólico del viacrucis se realizó “en nombre de todas las personas inocentes que han fallecido en estos dos años de régimen de excepción”.

Detalló que, según ha documentado la ONG, bajo custodia estatal han fallecido 240 personas, 238 adultos y dos menores de edad.

“Así como Jesús de Nazaret fue juzgado injustamente, de esa misma manera hay por lo menos 26.000 salvadoreños que sin pruebas están siendo procesados, la mayoría dentro de los centros penales y otra cantidad están siendo procesados en libertad”, manifestó la abogada que lidera el Socorro Jurídico, una entidad que brinda asistencia legal a familiares de detenidos.

Durante la actividad, en el marco del comienzo de la Semana Santa, también se llamó a liberar a las personas detenidas “arbitrariamente” y se exigió justicia para los fallecidos.

La medida de régimen de excepción, que está pronto a cumplir dos años de implementación, ha sido prorrogada en 24 ocasiones en períodos de 30 días y suspende las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 3.

Bajo la polémica medida, señalada de violar los derechos humanos, han sido capturados más de 78.100 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de dichas bandas.

Organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.

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