Lima, 13 oct (EFE).- Al menos nueve peruanos y un estadounidense investigados por tráfico de armas en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), en asociación con su exasesor Vladimiro Montesinos, tienen 72 empresas “offshore” en Panamá y Bahamas, según los destapes de los papeles de Pandora publicados por un diario local.

De acuerdo con documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y su socio peruano Convoca, el estudio de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) facilitó la apertura de sociedades “offshore” o inscritas en paraísos fiscales a vendedores de armas, procesados y perseguidos por la Justicia peruana.

En esas sociedades, los diez implicados ocultaron los beneficios que obtuvieron por la venta de armas durante el Gobierno de Fujimori, precisó el diario La República.

Entre sus innumerables juicios y sentencias, Montesinos tiene una condena a 20 años de prisión por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras que Fujimori afronta actualmente un pedido de ampliación de su extradición de Chile para ser enjuiciado por el mismo delito.

Tanto Fujimori como Montesinos tienen condenas a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos.

TRAFICANTES DE ARMAS EN EL FUJIMORISMO

Hace un mes, el fiscal anticorrupción peruano, Juan Manuel Fernández, logró la sentencia de siete acusados en la compra sobrevalorada a Bielorrusia de 39 naves de guerra Mig 29 y Sukoi 25, realizadas entre 1996 y 1998, por la cual obtuvieron un beneficio de 320 millones de dólares, más de la mitad del precio pagado entonces por el gobierno fujimorista.

“Los papeles de Pandora revelan la existencia de empresas ‘offshore’ que desconocíamos, pero que están relacionadas con actores vinculados con la venta de armamento”, declaró Fernández a La República.

Los responsables de las sociedades descubiertas son Enrique Benavides, que fugó a Alemania y tiene 13 sociedades “offshore”, el extraditado Guillermo Burga con 24, Oscar Muelle con 5, Fernando Medina con una, César Crousillat con una y el estadounidense Gerald Krueger con una.

Asimismo, el fallecido Iván Barco con 4, el sentenciado Juan Valencia con una, Luis Duthurburu con 13 sociedades y el abogado Enrique Ferrando con 9.

El fiscal señaló que Duthurburu podría perder los beneficios judiciales que obtuvo al acogerse a la colaboración eficaz porque nunca declaró la existencia de las “offshore”.

SOCIEDADES EN PLENA ACTIVIDAD

La existencia de estas sociedades “constituye una noticia criminal pública y debe ser de conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Turno de Lima”, afirmó Fernández a La República.

Los implicados han seguido realizando operaciones con los fondos ocultos en dichas compañías, como la compra de inmuebles en Lima, o la celebración de juntas de accionistas.

El reportero del portal Convoca Gonzalo Torrico informó a La República que los documentos del estudio panameño Alcogal dejan entrever que, por ejemplo, Enrique Ferrando, del estudio peruano Osterling Abogados, manejaba varios temas de Guillermo Burga, vinculado al fallecido traficante de armas Claus Corpancho.

La organización dirigida por Corpancho estaba compuesta además por Moshe Rothschild y Enrique Benavides, quienes financiaron parte de las campañas electorales del expresidente Fujimori en los años 90. EFE

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