Sao Paulo, 13 oct (EFE).- Apenas un poco más de cuatro de cada diez asesinatos (44 %) son esclarecidos en Brasil, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto Sou da Paz, que demandó una mayor transparencia por parte de las autoridades del país.

El informe se realizó a partir de los datos de homicidios de 17 de los 27 estados brasileños, con Paraná, Río de Janeiro y Bahía en los últimos lugares de la clasificación con tasas de homicidios resueltos del 12 %, el 14 % y el 22 %, respectivamente.

Los más eficientes en ese apartado fueron Mato Grosso do Sul (89 %), Santa Catarina (83 %) y el Distrito Federal de Brasilia (81 %).

Los diez estados brasileños no incluidos en el reporte se debe a que “no fueron capaces de informar” cuántos homicidios cometidos en 2018, año en el que se registraron más 48.000 homicidios dolosos en Brasil, fueron esclarecidos hasta finales de 2019.

Ese 44 % de asesinatos esclarecidos en Brasil está por debajo del promedio global, que es del 63 %, aunque está en el rango de lo registrado en América (43 %), según cifras de Naciones Unidas recogidas en el estudio “Donde vive la impunidad” de Sou da Paz.

Sin embargo, en esta cuarta edición de la investigación ha habido un avance con respecto a la versión de 2020, pues han participado más estados brasileños, 17 frente a 11, y al mismo tiempo el porcentaje de asesinatos esclarecidos ha crecido un 12 % de media.

“Esta es la edición con mayor número de estados que enviaron datos completos y la mayoría de ellos presentó un aumento en el esclarecimiento de homicidios en relación al año anterior”, celebró Carolina Ricardo, directora-ejecutiva del Instituto Sou da Paz, una ONG que analiza temas relacionados con la seguridad pública.

Entre los motivos de esa ligera mejoría están, según la organización, el progreso en relación a la capacidad de investigación de las autoridades, que se mide en función del número de crímenes esclarecidos en el mismo año que ocurrieron.

El instituto propuso, entre otras medidas para mejorar la resolución de los homicidios, modernizar la gestión, la infraestructura y la remuneración de los policías, así como integrar los sistemas de información de las Fiscalías con la intención de dar “más transparencia” en la respuesta a los crímenes contra la vida.