Bogotá, 24 jul (EFE).- El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente un decreto de “asistencia militar” expedido por el Gobierno para restablecer el orden público alterado por las protestas contra la política fiscal y económica del presidente Iván Duque, informó este viernes el alto tribunal.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo tomó la determinación “ante la amenaza del derecho fundamental a la protesta social” por lo que suspendió transitoriamente el decreto por medio del cual el Gobierno “impartió medidas para el restablecimiento del orden público” afectado por las protestas y movilizaciones ciudadanas registradas a partir del pasado 28 de abril.

“Esta decisión implica que el acto administrativo no seguirá en vigencia hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no emita un veredicto en torno a la legalidad de este acto administrativo”, dijo el alto tribunal en un comunicado.

Para adoptar esta determinación se estudió una tutela (recurso de amparo) presentada por un grupo de ciudadanos de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Los querellantes argumentaron que la respuesta de la fuerza pública en las movilizaciones ponía en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada, entre otros.

AMENAZA AL DERECHO DE LA PROTESTA

Para el Consejo de Estado el decreto expedido por el presidente Duque amenaza el derecho a la protesta social y desdibuja la obligación de la Policía que es la encargada de velar por la protección y control de civiles, más no las Fuerzas Militares.

“Si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave al orden público, lo cierto es que, en esos casos, lo que resulta admisible, y con criterios de necesidad y proporcionalidad, es el uso de la fuerza policial, mas no militar”, sostuvo el alto tribunal.

Por otra parte, en cuanto al empleo de la fuerza y de las armas de fuego, el Consejo de Estado advirtió que al expediente fueron allegados informes sobre 15 muertes que resultaron de hechos de violencia registrados en las protestas, tres de las cuales resultaron atribuibles a la fuerza pública.

Duque enfrenta desde el pasado 28 de abril una crisis social que estalló por el rechazo de buena parte de la sociedad, principalmente de la población joven, a la política fiscal de su Gobierno.

Las movilizaciones de mayo y junio transcurrieron mayoritariamente de forma pacífica, pero en Cali y Bogotá estuvieron marcadas por la violencia.

La Fiscalía ha documentado más de una veintena de muertes en los 50 días de protestas pero diversas organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 84, al menos 20 por disparos de la Policía.

EFE