Redacción Internacional, 21 abr (EFE).- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), que este viernes deberá entregarse a las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado a Perú, está acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú cuando aún era presidente.
Toledo, de 77 años, fue detenido en 2019 en California (EE. UU.) y estuvo ocho meses en prisión, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, debido a la pandemia. En septiembre de 2022 la Justicia estadounidense aprobó su extradición, que el Departamento de Estado concedió el pasado 21 de febrero, pero que el expresidente logró retrasar mediante varios recursos legales.
ORÍGENES HUMILDES
Nacido el 28 de marzo de 1946 en la localidad andina de Cabana, en el departamento de Ancash, Toledo, es el cuarto de 16 hermanos de una familia humilde que en los años 50 emigró a Chimbote, en la costa norte de Perú.
Durante sus estudios primarios trabajó como limpiabotas y vendedor ambulante, y en 1966 obtuvo una beca para estudiar Economía en EE. UU., en la Universidad de San Francisco, a lo que sumó luego un doctorado por la de Standford.
Posteriormente fue profesor y funcionario consultor de varios organismos internacionales.
Su carrera política arrancó en 1995 con una postulación a la Presidencia en la que solo sacó el 3,3 por ciento de los votos.
Volvió a presentarse en 2000, con el partido Perú Posible (del que fue fundador y presidente), siendo el más votado en la primera vuelta con un 40 %. Sin embargo, no se presentó a la segunda, aduciendo fraude por parte de Alberto Fujimori. En los meses posteriores fue uno de los abanderados de la lucha en la calle que propició la caída de éste, encabezando la marcha de “los cuatro suyos”.
PRESIDENTE DE 2001 A 2006
En 2001 se celebraron nuevas elecciones en las que Toledo se impuso en la segunda vuelta a Alan García; y asumió la Presidencia en julio.
Durante su Gobierno sacó a Perú de la recesión y logró que la economía creciera de forma sostenida, pero no consiguió apagar el descontento social que se expresó en frecuentes protestas por el país. Además, su popularidad fue disminuyendo coincidiendo con escándalos en su vida personal -entre ellos, la paternidad no reconocida de una niña- y denuncias por corrupción contra personas de su entorno.
Finalizado su mandato en julio de 2006, fue reemplazado por Alan García.
Tras su salida de la Presidencia se enfrentó a una investigación del Congreso por presuntas irregularidades durante su gestión y, en diciembre de 2006, fue procesado por un delito de corrupción relativo a la falsificación de firmas para la inscripción de su partido en los comicios del 2000.
Retomó la actividad docente en la Universidad de Standford, y se centró en su fundación, el Centro Global para el Desarrollo de la Democracia (CGDD). Pero, volvió a concurrir en las presidenciales de 2011, aunque no consiguió pasar a la segunda vuelta, en la que apoyó a Ollanta Humala, quien finalmente se hizo con la Presidencia.
INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN
En 2013 Toledo y su esposa, Eliane Karp, fueron investigados en relación con unas millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra, Eva Fernenbug, con dinero de la empresa Ecoteva. Al año siguiente, la Fiscalía consideró que no habían incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, pero ordenó que se realizaran pesquisas por presunto lavado de activos. En abril de 2016 un juzgado de Lima abrió juicio a Toledo, su esposa y otras personas por este caso.
En febrero de 2017 un juez peruano dictó orden de captura nacional e internacional contra él, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por supuestamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht, a cambio de favorecer a esta empresa en sus negocios en Perú cuando era presidente. Además, el Gobierno peruano le incluyó en la lista de los delincuentes más buscados y ofreció una recompensa por informaciones que condujeran a su captura.
En febrero de 2018 Perú solicitó a EEUU su extradición y en abril de 2019 el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró que Toledo recibió sobornos de la constructora.
DETENIDO EN EEUU
Fue detenido en julio de 2019 en California y permaneció ocho meses en prisión al apreciar el juez riesgo de fuga, aunque en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia, pasó a arresto domiciliario.
En abril de 2021 Perú aprobó pedir por segunda vez la extradición de Toledo y su esposa por el caso Ecoteva. En septiembre, el juez estadounidense Thomas Hixson avaló la repatriación de Toledo a territorio peruano, con lo que la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.
Para intentar frenar la extradición, solicitó el “habeas corpus”, que le fue denegado en abril de 2022, y luego presentó un recurso de apelación, que fue desestimado en octubre.
El pasado 21 de febrero, el Departamento de Estado de EE. UU. concedió su extradición a Perú por los delitos de colusión y lavado de activos.
Un recurso presentado por su defensa fue rechazado y se ordenó su detención el 7 de abril, pero ese mismo día, el juez Hixson dejó sin efecto la orden después de que un tribunal de apelaciones admitiera retrasar la extradición. La Justicia estadounidense reactivó la orden de detención el 19 de abril y al día siguiente rechazó un último recurso de Toledo para frenarla.
SOBORNOS DE ODEBRECHT
Toledo está acusado de recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando era presidente. En concreto, ha sido investigado por contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la ruta interoceánica, que atraviesa el sur del territorio peruano, desde el océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
La Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres; 16 años y 8 meses por lavado de dinero en el caso Ecoteva; y 35 años por el caso vinculado a la concesión del tramo 4 de la Carretera Interoceánica. La Fiscalía también pidió, en marzo de 2023, la expropiación de los bienes inmuebles de Toledo y su entorno familiar.
