Donald Trump, la semana pasada en un mitin en Columbus (Ohio). EVAN VUCCI (AP)
La gran rebaja fiscal aprobada este año por la Administración de Donald Trump empieza a hacer aflorar su factura. El presidente comunicó este jueves al Congreso que planea utilizar su autoridad especial para situación de emergencia y congelar el aumento salarial que los empleados públicos federales tenían comprometido por ley para 2019 alegando la necesidad de controlar las cuentas públicas. La reforma tributaria aprobada el pasado diciembre, la más profunda desde la era Reagan, supone un tijeretazo de ingresos de 1,5 billones de dólares en 10 años y su efecto elevará el déficit público -la diferencia entre lo que las arcas públicas ingresan y lo que gastan- del 4,2% calculado para 2018 para este año hasta el 5,1% en 2022. Washington empieza a mirar con el recorte a los funcionarios la manera de cuadrar los números.
El desequilibrio presupuestario alcanzará los 804.000 dólares este año, frente a los 665.000 del anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un órgano independiente dedicado al análisis de las cuentas públicas. En 2022, se calcula dicho 5,1%, un nivel solo se ha superado en cinco ocasiones desde 1946, y de estas, cuatro tuvieron lugar tras la debacle financiera de 2008, con el rescate de la banca mediante. El argumento para, pese a estas cifras, dar lu vez a una rebaja fiscal tan relevante estriba en que el recorte del fisco estimula el crecimiento y esta mayor actividad incrementa los ingresos de la Administración, lo que compensa la reducción tributaria. Lo que los cálculos del Congreso dejaron claro es que ese estímulo no bastaba.
Los demócratas criticaron la medida. El portavoz del Comité Nacional Demócrata (DNC), Daniel Wessel, acusó al republicano que propinar “una nueva bofetada” a los trabajadores. “Trump disparó el déficit con su recorte fiscal masivo a las grandes empresas y a los más ricos, mientras que las familias no se llevaron nada”, criticó Wessel.
