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Lima, 7 dic (EFE).- Un juez supremo peruano archivó la denuncia que se había presentado contra la ex fiscal general Zoraida Ávalos por una presunta “omisión de funciones”, la acusación que llevó al Congreso a inhabilitar a la magistrada del ejercicio de la función pública durante cinco años, informaron este jueves medios locales.

La decisión fue tomada por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, que consideró que el hecho imputado no es un delito, precisó el diario El Comercio.

La denuncia había señalado que Ávalos omitió sus funciones cuando en enero de 2022 suspendió, hasta el término del mandato gubernamental, las investigaciones que se hacían por presunta corrupción contra el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).

En junio pasado, el Congreso de Perú suspendió a Ávalos de la función pública por 5 años por haber aplazado esas investigaciones contra Castillo, quien fue destituido hace un año tras intentar dar un autogolpe de Estado.

Sin embargo, Checkley consideró en su resolución que Ávalos “no omitió legalmente acto alguno a su cargo” y que “formuló, adoptó, siguió una línea de interpretación” similar a la que aplicaron sus predecesores en circunstancias similares.

Por ese motivo, declaró fundada la “excepción de improcedencia de acción” de la denuncia y ordenó que el proceso sea sobreseído, añadió la emisora RPP.

La resolución judicial se conoció diez días después de que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) abrieron una investigación al entorno de la actual fiscal general, Patricia Benavides, por conformar una red dedicada al tráfico de influencias.

Según la tesis fiscal, esa presunta red se coordinó con congresistas para lograr la inhabilitación de Ávalos, así como la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, el máximo órgano de control de la Judicatura peruana).

Precisamente, la JNJ suspendió este miércoles por seis meses a Benavides “con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo (proceso de investigación), impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final”.

De momento, Benavides no es investigada por este caso, al estar protegida por el fuero especial que le confería su puesto, aunque el Eficcop detuvo al que era su principal asesor, el filósofo Jaime Villanueva, quien aceptó colaborar con la Justicia.

Villanueva fue liberado durante la madrugada de este miércoles después de que, según medios locales, reconoció la veracidad de los chats que dieron origen a la investigación y aseguró que hizo coordinaciones con congresistas por orden de la fiscal general.

Al presentarse este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Benavides aseguró que es víctima de “una calumniosa imputación” y que “no existe una organización criminal” en el Ministerio Público.

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