Washington, 1 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este lunes los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley en Texas que prácticamente prohíbe el aborto en este estado.

Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos mientras el tribunal escucha los argumentos de dos impugnaciones a una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en Washington. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

A lo largo de tres horas, el abogado de una coalición de organizaciones y clínicas que ofrecen servicios abortivos, y el Ejecutivo federal desgranaron sus argumentos en dos casos separados contra la norma.

Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos mientras el tribunal escucha los argumentos de dos impugnaciones a una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en Washington. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Actualmente la máxima instancia judicial del país tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta legislación, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.

De acuerdo con las preguntas que hicieron, y según la impresión generalizada en medios de comunicación nacionales, la mayoría de los nueve jueces parece inclinada a permitir que las clínicas sigan adelante en su afán de plantar cara a la ley en los tribunales, no así la Administración de Biden.

La legislación de Texas, estado controlado por los republicanos, entró en vigor en septiembre y ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.

SU APLICACIÓN EN MANOS DE PARTICULARES

Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.

Asimismo, anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación de hasta 10.000 dólares a los demandante si ganan el juicio, lo que fue calificado este lunes tanto por el Gobierno de Biden como por las clínicas como un “botín” para implementar una ley, que tiene “un efecto paralizante” de los abortos.

Ese mecanismo hace más complicado llevar la norma ante los tribunales, lo que, para el Ejecutivo federal y los grupos proaborto vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley y hace que la medida sea inconstitucional.

En septiembre, el Supremo dejó que la legislación entrara en vigor en una decisión muy dividida, con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro.

Sin embargo, las cuestiones planteadas este lunes por dos de los magistrados que en septiembre se opusieron a bloquear la norma, los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett -ambos nominados por el expresidente Donald Trump (2017-2021)- podrían indicar que están a favor de que las organizaciones proaborto sigan adelante con su caso.

El abogado Marc Hearron, del Centro para los Derechos Reproductivos, uno de los grupos que han llevado la norma ante la Justicia, sostuvo que el mecanismo que deja en manos de particulares la implementación de la norma texana es “excepcional, no tiene precedentes”.

“UNA HOJA DE RUTA PARA OTROS ESTADOS”

“Ha convertido el sistema de justicia estatal en una herramienta que puede ser empleada para abolir los derechos constitucionales”, dijo Hearron, quien advirtió de que la ley puede proporcionar “una hoja de ruta” a otros estados para acabar con otros derechos reconocidos en la Carta Magna del país.

Por ello solicitó al Supremo que emita una orden que evite que los secretarios de juzgados en Texas comiencen a aceptar denuncias contra infractores de la norma.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo del Supremo en el caso “Roe contra Wade”, en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

Pese a que el tema es el aborto, en estos dos nuevos casos el Supremo no tiene que decidir sobre la legalidad del mismo, sino sobre el mecanismo empleado para aplicar la ley texana y si el Ejecutivo federal tiene derecho a demandar a Texas por su veto al aborto.

Debido a que el alto tribunal tendrá que dirimir sobre la forma y no el fondo, buena parte de ambas sesiones versó sobre si aquí es pertinente aplicar “Ex parte Young”, un caso de 1908 por el que el Supremo reconoció el derecho a presentar demandas en cortes federales contra decisiones de funcionarios estatales, cuando el estado ha actuado contra normas nacionales y la Constitución.

En su audiencia, la procuradora general del Gobierno federal, Elizabeth Prelogar, subrayó la excepcionalidad de la ley para llevarla ante los tribunales.

“Nunca ha habido una ley exactamente como esta -dijo Prelogar-, ningún estado ha buscado nunca desafiar la supremacía de una ley federal ni mantener a las cortes fuera de la ecuación al mismo tiempo”.

UN DESAFÍO A “ROE CONTRA WADE”

Asimismo, continuó, “la situación tiene una urgencia adicional, porque lo que Texas ha hecho ha sido tomar un precedente constitucional establecido por esta corte y ha legislado en un claro desafío a ese precedente”.

La procuradora general afirmó que Texas ha diseñado la ley en “un intento deliberado de evitar que las cortes federales hagan nada contra una violación constitucional, ningún estado ha elaborado y aplicado un plan como este”.

En ambas sesiones defendió la postura de Texas el procurador general estatal, Judd Stone, quien apuntó que no hay base legal para que el Gobierno federal ni las clínicas demanden al estado.

“Se supone que los jueces estatales aplican la ley federal de manera fiel”, recordó Stone, quien alegó que si una persona presenta una denuncia ante un juzgado en aplicación de la norma de Texas es porque puede sufrir “un daño moral o psicológico extremo” tras saber que una amiga ha decidido abortar.

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