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Brasilia, 5 may (EFE).- El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, concedió este viernes libertad provisional para cuarenta personas de las 293 que seguían detenidas e imputadas por los actos golpistas del pasado 8 de enero.

La decisión del magistrado Alexandre de Moraes benefició a 26 hombres y catorce mujeres, que seguirán respondiendo ante la Justicia cumpliendo medidas cautelares como el uso de tobillera electrónica de monitorización y sin poder ausentarse del Distrito Federal de Brasilia.

Otras 253 personas, 67 mujeres y 186 hombres, todos ya imputados por el supremo, permanecen detenidos en la capital brasileña.

Todos los acusados, de los cuales 200 fueron declarados reos esta misma semana, responden por los delitos de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños calificados y destrucción de patrimonio público histórico.

El pasado 8 de enero, partidarios radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes en la capital Brasilia en un intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por esos sucesos fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.

A finales de abril, la máxima corte ya había aprobado la imputación penal de los primeros 100 acusados de haber cometido los ataques y esta semana de los otros 200.

El Supremo ha incluido a Bolsonaro entre los investigados a fin de determinar si, aún estando ese día en Estados Unidos, de donde regresó el pasado 30 de marzo, incitó ese movimiento o si tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.

La próxima semana, según anunció también este viernes el STF, la máxima corte comenzará el juicio virtual de 250 denuncias por los actos antidemocráticos, sumando un total de 800, con lo que el número de imputados puede aumentar de los actuales 300.

De igual manera, el magistrado De Moraes, instructor del caso y también presidente del Tribunal Superior electoral (TSE), negó el pedido de la defensa del exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal Anderson Torres.

La defensa de Torres, que está preso en el mismo proceso de los actos antidemocráticos acusado de negligencia cuando ese día era el titular de la Seguridad Pública en la capital brasileña, solicitó el traslado para una clínica por razones médicas, que fue negado por la corte.

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