Bogotá, 12 dic (EFE).- Son centenares las pruebas de lo ocurrido hace 36 años durante la toma guerrillera del Palacio de Justicia de Colombia, y con ellas la Comisión de la Verdad recreó paso a paso lo que sucedió durante los dos días de toma y retoma, en los que se sabe que agentes del Estado torturaron y desaparecieron a un número indeterminado de personas.

Fotografía de una maqueta de la Casa del Florero en la exposición "Huellas de desaparición" en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el 11 de diciembre de 2021 en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Ese 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 entraron en la sede más importante de la Justicia en Colombia y tomaron más de 300 rehenes, había una decena de cámaras de televisión grabando cómo, tras la retoma a cañonazos del Ejército, sacaban los cuerpos o a las personas, documentando, cómo se supo años después, que salían personas vivas que luego presentaron como muertas.

Visitantes recorren la exposición "Huellas de desaparición" en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el 11 de diciembre de 2021 en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Así lo muestra la exposición “Huellas de desaparición”, en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) de Bogotá, donde junto a Forensic Architecture han recogido 49 horas de video, testimonios de testigos y víctimas, las decenas de miles de hojas de archivos judiciales y diarios personales para reconstruir al detalle y en 3D qué sucedió.

“Tratamos de organizar la información que está pública e invitar a un proceso de verificación abierta, de comenzar a articular y juntar las piezas de las cosas que parecían muy complejas”, relata a Efe el investigador Óscar Pedraza, mientras camina por la exposición rodeando las maquetas del Palacio de Justicia y la Casa del Florero, adonde fueron llevadas muchas de las víctimas.

UNIR LOS PUNTOS

Lo acaecido alrededor de la toma del Palacio de Justicia, donde murieron 94 personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, siempre se ha visto como un “caos” y un episodio demasiado complejo como para sacar algo en claro.

“Se ha presentado en público que la cantidad de información (del caso) implica ilegibilidad y caos y eso ha funcionado como una manera para evitar hacer las alegaciones requeridas para que la gente no investigue”, dice Pedraza.

Toda la información —o casi toda— que la Comisión de la Verdad y Forensic Arquitectonics han usado para la exposición era conocida, pero lo que han hecho es “unir los puntos” para mostrar más claramente los hechos.

Un gran mural con un eje de tiempo da la bienvenida a los visitantes, donde pueden ver los hechos que el Estado hizo para ocultar los delitos cometidos y las acciones que se desarrollaron para dar luz en el caso, también hay una gran maqueta del espacio urbano donde tuvo lugar la toma y varios documentales cortos, que reconstruyen y narran los hechos.

Este material, por ejemplo, junta todas las imágenes que hay para reconstruir cómo al magistrado Carlos Horacio Urán lo sacaron vivo del Palacio el 7 de noviembre, a pesar de que las autoridades dijeron que lo encontraron muerto en el segundo piso, y recrean dónde pudo acabar.

Pruebas como las de ese magistrado o los testimonios de familiares que decían haber visto a los suyos salir vivos del Palacio fueron negadas durante años por la Justicia, la Fiscalía y las autoridades en un caso de impunidad estatal que solo empezó a despejarse cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó en el 2014 al Estado investigar más y mejor.

Empezaron a salir nuevos desaparecidos, incluso se descubrieron, en exhumaciones, que familiares que se creían reconocidos realmente no eran tales, sino muertos de otras familias; es decir, que se habían entregado cadáveres incorrectos a las familias.

INFRAESTRUCTURA PARA LA DESAPARICIÓN

En las maquetas hay una calle clave: la carrera séptima, una de las arterias de Bogotá, que conecta el Palacio de Justicia con la Casa del Florero, adonde llevaron a quienes salían vivos de la toma, y también con el Cantón Norte, el recinto militar 100 cuadras al norte donde supuestamente se llevó a muchos de los sobrevivientes para torturarlos e interrogarlos.

“Cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a toda la organización espacial de edificios, calles, objetos, vehículos, etc., que se articulan en una red que produce la desaparición forzada y que está en la vida cotidiana de la ciudad”, alude Pedraza.

Las antiguas caballerizas del Cantón Norte, por ejemplo, ya se habían usado en los 70 para torturar a supuestos guerrilleros, pero ahora eran reutilizadas. De esta forma, se modernizan antiguas formas de actuar dudosamente legales “para llegar a las prácticas contrainsurgentes de terrorismo de Estado a las que nos enfrentamos hoy”.

La exposición, que es el primer avance de hallazgos investigativos de la Comisión de la Verdad, también incluye reconstrucción de otros hechos como el despojo de tierras a campesinos en el Urabá (noroeste) o la deforestación y la ganadería extensiva que ha causado el desplazamiento masivo de los nukak en el departamento del Guaviare (sur).

Irene Escudero

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