Lima, 5 abr (EFE).- Una ola de violencia extrema contra niñas y mujeres ha sacudido en las últimas semanas Perú, un país ya acostumbrado a altas cifras de violencia sexual, pero también con una amplia tolerancia social a los ataques machistas y unas autoridades que parecen olvidarse de las víctimas.
Una lamentable lista de sucesos se ha desencadenado en apenas días, en los que dos mujeres fueron quemadas vivas por sus parejas o exparejas; un “influencer” confesó una violación grupal entre risas de sus amigos; una niña fue violada y brutalmente agredida, y una enfermera fue violada por sus compañeros de trabajo en un hospital.
“En cada caso, vamos viendo que las fallas están en una institución, en otra, en un actor, en otro, pero en el fondo cada caso da cuenta de un sistema que no está funcionando”, afirma a EFE la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
En 2021 hubo 136 feminicidios en Perú; en 2022, 137, y en los primeros tres meses de 2023, 40. Solo en marzo, una mujer fue asesinada cada 3 días.
“Hay un grave problema en el que todavía los prejuicios y estereotipos contra la mujer siguen afectando al trabajo de policías, fiscales y jueces”, afirmó a EFE Melissa Guillén, vocera de la organización feminista Manuela Ramos.
Guillén y Revollar coinciden en que Perú tiene leyes, mecanismos y protocolos, pero que lo que realmente hace falta es voluntad y conciencia, tanto en la sociedad como en la cadena de personas que atiende a una mujer que denuncia o es agredida.
“Se pueden incrementar penas, hacer que la flagrancia tenga cinco días, pero si nadie tiene la voluntad, la conciencia y el entrenamiento para poder hacer eso como un trabajo que le obliga hacerlo, obviamente no lo va a hacer”, coincidió Revollar.
INACCIÓN DEL GOBIERNO
“Sin embargo, a nosotros nos llama la atención que frente a lo gravoso que significan estos hechos de los últimos días, todavía no haya habido una respuesta diferente y más enérgica desde el Ejecutivo, porque hay varias tareas que están pendientes en el Perú”, indica la defensora.
Para revertir esta situación piden prevención, educación sexual y trabajo de base que incide en el respeto a las mujeres y la búsqueda del diálogo y acuerdos en las relaciones interpersonales sin violencia.
Además, piden un sistema especializado de justicia que atienda con perspectiva de género y conocimiento del marco legal, puesto que de los 34 distritos judiciales del país, solo ocho lo tienen.
“Una buena medida y factible por parte del Estado, es la implementación a nivel nacional de un sistema de justicia especializado”, explica Guillén.
Revollar también expresa la necesidad de “reestructurar” y reforzar el programa Aurora, que tiene a cargo los centros de emergencia de mujer y la línea 100, para dar respuestas inmediatas a las denuncias.
“Estamos en serios retrocesos, por parte del Congreso no tenemos ningún tipo de apoyo y, como hemos visto, del Ejecutivo tampoco (…) Lo poco que se ha ganado en derechos para nosotras se está retrocediendo”, señala Guillén.
La abogada se refiere a proyectos de ley de movimientos conservadores del Legislativo que buscan vetar el lenguaje inclusivo, cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por el de Familia y limitar el aborto terapéutico, el único legal en Perú.
ANESTESIA SOCIAL
“Las cifras muestran que hay una tolerancia social hacia la violencia contra la mujer”, afirma Guillén, quien cita una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que recoge que un 30 % de los encuestados cree que si la mujer le falta el respeto a su pareja, ella merece “alguna forma de castigo”, y considera que la mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desea.
La polémica estalló especialmente tras las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, sobre la joven quemada viva en Lima, porque, tras transmitir sus condolencias, afirmó que quisiera “que las jóvenes elijan bien con quiénes están”.
Dina Boluarte, primera mujer presidenta de Perú, todavía no censuró a su ministra.
La abogada explica que estas palabras culpabilizan a la víctima, algo que no solo está en la cabeza de la ministra, sino que es una reproducción de cómo está la sociedad.
La polémica también tuvo ecos cuando un influencer reveló haber cometido una violación grupal a una menor y que la Defensoría pidió investigar no solo por el hecho en sí, sino por la apología a este delito.
“La mujer que ha hecho mil esfuerzos por salvar la vergüenza, el temor la situación propia que está viviendo, sale y va al sistema de Justicia, puede denunciar y no tiene justicia, es una violencia que ya no solamente se le tiene que atribuir a su agresor directo, sino que es un estado indolente que no se preocupa por su situación y la abandona”, concluye Revollar.
Paula Bayarte
