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Caracas, 5 may (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este jueves que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimieron una protesta de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, que exigían “pagos y pensiones dignas”.

“Los trabajadores reclaman salarios dignos, el Gobierno ‘obrero’ de Venezuela responde con represión”, señaló la organización en una publicación en su cuenta de Twitter, donde compartió un vídeo en el que se ve el forcejeo entre los manifestantes y los funcionarios policiales.

Asimismo, exigió detener los “atropellos” y escuchar los reclamos de los trabajadores venezolanos.

Manifestantes se enfrentan a policías durante una protesta en la que piden mejoras salariales, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La manifestación se da dos días después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretara el aumento del bono de alimentación, un ingreso adicional de los trabajadores activos que pasó de 45 bolívares (1,8 dólares) al equivalente a 40 dólares (actualmente unos 1.000 bolívares, al cambio oficial).

El Ejecutivo también aprobó el pago mensual de un “bono de guerra” a pensionados y otros sectores del equivalente a 30 dólares, una bonificación que estará “indexada” a la cotización oficial de la divisa estadounidense.

Manifestantes se enfrentan a policías durante una protesta en la que piden mejoras salariales, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

El salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares, unos 5 dólares al mes, pese a las expectativas de que el Gobierno incrementaría estos ingresos, sin aumentos desde marzo del año pasado.

Maduro señaló el martes que la “estrategia” es “ir incrementado” esos bonos para avanzar en “los meses que están por venir” y prepararse para el momento en el que el Gobierno cuente con “los ingresos nacionales para dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores”.

Representantes de varios sectores, entre ellos de educación y salud, han rechazado las medidas, que califican como una “burla” y una “humillación” hacia ellos.

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