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Puerto Príncipe, 15 mar (EFE).- Una relativa calma reinó este viernes en las calles de Puerto Príncipe, después de que la víspera, tras días de aparente calma, las bandas armadas volvieran a atacar en varios puntos de la ciudad.

Las calles están hoy prácticamente vacías, aunque algunas mujeres aprovechan para intentar vender sus mercancías a los escasos transeúntes, en medio de la vigilancia de las fuerzas del orden y mientras se llevan a cabo las últimas gestiones para la implementación del consejo presidencial del país que llevará al primer ministro haitiano, Ariel Henry, a abandonar el poder.

Si en las calles prácticamente no hay gente, el panorama es muy distinto en los lugares que sirven de refugio a los miles de desplazados que han huido de sus casas para escapar de la violencia de las bandas armadas, muchos de ellos refugiados en escuelas ahora sin clases.

La aparente tranquilidad de este viernes contrasta con el rebrote de la tensión vivido el jueves en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde rige el estado de emergencia hasta el 3 de abril y se ha renovado el toque de queda hasta el próximo domingo, dentro de las medidas decretadas por el Gobierno para el departamento del Oeste, donde está la capital.

Los ataques, saqueos e incendios se dirigieron ayer contra instituciones públicas y propiedades privadas, incluida la residencia del director general de la Policía Nacional, Frantz Elbé; la facultad de Ciencias de la Universidad Estatal de Haití o la zona capitalina de Bellevue.

No obstante, estos actos estuvieron lejos de la violencia vivida en otras jornadas, cuando fueron atacadas las dos principales cárceles, lo que permitió huir a unos 3.000 presos (entre ellos miembros y cabecillas de bandas armadas), o cuando se intentó, sin éxito, asaltar el Palacio Nacional o el Ministerio del Interior.

Preocupación por la situación humanitaria

Fotografía de una escuela en Puerto Príncipe (Haití) donde decenas de familias que abandonaron sus hogares huyendo de la violencia de las pandillas permanecen refugiadas. EFE/ Siffroy Clarens

La ya de por sí difícil situación humanitaria en Haití, donde cerca del 50 % de la población sufre inseguridad alimentaria y la mitad de sus algo más de 11 millones de habitantes vive en la pobreza, ha empeorado aún más con la escalada de la violencia.

Hoy Estados Unidos anunció el envío de 25 millones de dólares en ayuda humanitaria para Haití, que se suman a los 33 del lunes y elevan a unos 170 millones de dólares el total de la ayuda destinada por Washington al país caribeño desde octubre de 2022.

También la jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití, Marisela Silva Chau, habló en una entrevista a EFE de las necesidades humanitarias “innumerables” en este país, por lo que pidió que se respete el acceso de la población a la atención médica y al agua segura, en medio de la “violencia armada exacerbada” que se vive desde finales de febrero.

La preocupación por Haití se mantiene, pese al acuerdo alcanzado esta misma semana sobre la conformación del consejo presidencial de transición en una reunión convocada por la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica a la que asistió la ONU y también, entre otros, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Ese consejo deberá ponerse de acuerdo sobre el nombre del nuevo primer ministro y allanar el camino para la celebración de elecciones presidenciales.

Este viernes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó al jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, y al de Gobierno de San Vicente, Ralph Gonsalves, con los que conforma la troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a una “reunión presencial urgente” para abordar la crisis de violencia en Haití.

Por su parte, el Gobierno cubano rechazó las “injerencias externas” en Haití tras el anuncio de renuncia de Henry y señaló que lo que el país caribeño necesita es “verdadera y suficiente asistencia y cooperación, para su reconstrucción y progreso”.

La situación en Haití es muy difícil desde hace años, pero empeoró aún más tras el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moise en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

Ahora el país más pobre de América está a la espera del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad que encabezará Kenia y que aprobó la ONU en octubre pasado, en un intento de poner freno a la violencia.

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