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Ginebra, 2 abr (EFE).- El compromiso del Gobierno de Colombia con el acuerdo de paz de 2016 “ha variado y no han existido esfuerzos sostenidos en el tiempo para una implementación integral”, lamentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la experta internacional para supervisar los obstáculos a su implementación, la chilena Antonia Urrejola.

“En particular, conforme a indicadores objetivos, entre 2018 y 2022 (Gobierno de Iván Duque) se registró una baja implementación”, afirmó Urrejola en su comparecencia ante el Consejo para presentar el informe que ha elaborado sobre obstáculos al acuerdo, encargado por el propio órgano de la ONU en julio de 2023.

El acuerdo de paz, en consecuencia, “no se ha implementado como una política de Estado” y esa insuficiente aplicación ha tenido como consecuencia otro de los principales obstáculos según la experta, “la violencia continua en muchas partes del país”.

Territorios fuera del control estatal

El Estado colombiano “no ha logrado garantizar su presencia en los territorios que dejaron las FARC-EP, lo que ha contribuido a la expansión de otros grupos armados no estatales generadores de violencia, que se disputan el territorio por el control de las economías ilegales”, explicó.

Entre las principales víctimas de esta nueva violencia hay miembros de comunidades rurales y pueblos étnicos, defensores de los derechos humanos y líderes sociales, indicó Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores de Chile y también expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su informe también recuerda que al menos 413 firmantes del acuerdo han sido asesinados desde noviembre de 2016, mientras existen retrasos en la resolución de amnistías o en la notificación de éstas.

La falta de coordinación institucional y el mal uso de los recursos destinados a la implementación del acuerdo, en ocasiones debido a la corrupción, son otros obstáculos adicionales, señaló Urrejola.

El “caso Santrich” ejemplifica las dificultades

El informe se refiere también a los obstáculos denunciados hace un año por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso “Jesús Santrich”, exintegrante de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz, detenido por la Fiscalía de Colombia en 2018 y cuya extradición solicitaba Estados Unidos por presunto narcotráfico.

El informe de Urrejola subrayó que este incidente “ejemplificó el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y el sistema de justicia transicional”.

El caso, agregó la experta este martes, “no se puede leer independientemente del contexto político en el que ocurrió, con un contexto hostil al acuerdo de paz, luego de la elección en 2018 de un presidente de la República y de un Congreso mayoritariamente opuestos al acuerdo”.

“Habría existido una obstaculización por parte de la Fiscalía, que no habría entregado a la JEP en un tiempo oportuno la información necesaria para que pudiese decidir sobre la garantía de no extradición”, denunció.

Agregó que “los distintos señalamientos contra la JEP, aunados a las dificultades frente a la solicitud de extradición de ‘Santrich’, crearon un manto de duda en cuanto a la idoneidad e imparcialidad de integrantes de la jurisdicción, y además reforzaron el estigma sobre los firmantes de paz”.

Soluciones

Los diversos obstáculos que según Urrejola ha identificado, “se pueden superar con voluntad política, la asignación de recursos suficientes y su uso adecuado, una mejor coordinación interinstitucional y una lucha firma contra la corrupción”.

En sus recomendaciones finales del informe urge a Colombia a implementar el acuerdo como una política de Estado, y frente a la violencia continua recomienda “una política de desmantelamiento de organizaciones criminales”.

Para su informe, la experta en derechos humanos ha llevado a cabo dos visitas a Colombia, realizando más de 80 entrevistas a autoridades estatales, exfuncionarios gubernamentales encargados de la implementación del acuerdo, representantes de la sociedad civil y exintegrantes de las FARC-EP firmantes del acuerdo de 2016.

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