El Gobierno venezolano añadió este domingo tensión a sus ya endebles relaciones diplomáticas al insinuar la participación de tres países latinoamericanos en el ataque contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, pidió a México, Colombia y Chile aclarar si tuvieron algo que ver con ese atentado, realizado con drones durante una parada militar. Las acusaciones vertidas contra Bogotá no son nuevas – el propio Maduro señaló al expresidente Juan Manuel Santos-, pero en esta ocasión el aparato chavista, cada vez más aislado en el tablero internacional, va más allá.
Rodríguez afirmó que el encargado de interpelar a esos Gobiernos será el canciller, Jorge Arreaza, y lanzó una advertencia que suena ya a condena. “En caso de actos terroristas no hay inmunidad diplomática, ni por el encubrimiento de terroristas”. Además, insistió en involucrar en el ataque al diputado opositor Julio Borges, al que Maduro amenaza con encarcelar en casi cada intervención, y reclamó a Colombia su extradición. Borges considera que esas palabras reflejan la debilidad del régimen ante la presión regional.
La Cancillería mexicana rechazó “categóricamente” las acusaciones y las calificó de “infundadas”. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, asegura que el personal diplomático “actúa siempre con pleno respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior” que marca la Constitución. El mensaje ha sido difundido por el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto que permanecerá en el poder hasta el 1 de diciembre cuando será sustituido por Andrés Manuel López Obrador. El actual canciller, Luis Videgaray, ha sido especialmente crítico con la situación en Venezuela y ha liderado buena parte de las iniciativas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra el régimen de Maduro. La estrategia exterior del próximo Ejecutivo se espera que sea más tibia con Caracas. “No vamos a estar metiendo nuestras narices en asuntos de otros pueblos”, aseguró recientemente López Obrador.
Colombia se sumó al rechazo sin matices ante los señalamientos “sobre una supuesta participación de la misión diplomática en Caracas en los presuntos hechos acaecidos el 4 de agosto”. “En la actual coyuntura que vive Venezuela, la Embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales, razón por la cual carecen de todo fundamento las afirmaciones del ministro Rodríguez”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que muestra su preocupación por la seguridad del personal diplomático como consecuencia de esas insinuaciones.
Chile repudió “las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del Gobierno de Nicolás Maduro”. El Ejecutivo de Sebastián Piñera señaló en un comunicado que “considera de la más alta gravedad las amenazas” en contra de la integridad de la representación diplomática en Caracas. “Instamos al Gobierno de Venezuela a actuar con responsabilidad y cordura y a retirar sus calumniosas insinuaciones en contra de nuestro país”, prosigue el pronunciamiento. “El Gobierno venezolano carece de integridad moral para levantar calumnias en contra de Chile”. La Cancillería citó para mañana por la mañana al embajador venezolano en Santiago.
NUEVAS DETENCIONES
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha anunciado la detención de otras tres personas en relación con el atentado, con lo que son ya 28 los arrestados por el ataque contra Maduro. Entre los detenidos se encuentra Angela Lisbeth Expósito Carrillo, que asegura tener nacionalidad española. También las fuerzas de seguridad han capturado a Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, que supuestamente tenía como misión grabar en vídeo el atentado, y al coronel retirado Ramón Santiago Velasco García.
