Brasilia, 18 abr (EFE).- La Corte Suprema de Brasil comenzó este martes un proceso para decidir si acepta las acusaciones contra cien de los detenidos por los sucesos del 8 de enero pasado, cuando miles de activistas de ultraderecha intentaron forzar un golpe de Estado.

En esa fecha, ocho días después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, miles de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes de la Nación, en un intento de provocar una intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar al líder progresista.

El juicio de admisión de cargos que comenzó este martes se hace en forma virtual en la plataforma digital del Supremo, en la que han sido publicadas las acusaciones y los descargos de las defensas, y en la que los jueces podrán manifestarse hasta la medianoche del próximo lunes 24.

El instructor del caso, Alexandre de Moraes, se pronunció por aceptar los cargos contra los primeros cien acusados y fue apoyado por el magistrado José Dias Toffoli, pero aún falta el voto de otros ocho jueces.

Las acusaciones presentadas por la Fiscalía General incluyen una vasta serie de delitos, entre los cuales figuran “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “daños calificados”, “asociación ilícita” e “incitación al crimen”, todos tipificados en el Código Penal.

Los casos de estos primeros cien acusados serán analizados uno a uno y desde un punto de vista individual, pues el derecho brasileño no contempla la figura de la “responsabilidad colectiva”.

El día de la intentona golpista, fueron detenidas 2.151 personas y permanecen en prisión unas 300. El resto ha sido excarcelado, pero responderá a las acusaciones en libertad y bajo estrictas medidas cautelares.

LAS INVESTIGACIONES Y LAS DETENCIONES NO CESAN

Mientras la Corte Suprema se vuelca al análisis de las primeras cien denuncias, la Policía Federal continúa las investigaciones en torno a ese atentado contra la democracia y este mismo martes fue a las calles en ocho estados del país en búsqueda de sospechosos.

Según ese organismo, sus agentes debían cumplir 16 órdenes de arresto y realizar 22 allanamientos en residencias y oficinas situadas en los estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Río de Janeiro, Sao Paulo y el Distrito Federal de Brasilia.

Al menos 13 de los 16 sospechosos fueron localizados y detenidos y los otros 3 declarados “fugitivos”.

Entre los detenidos figuran al menos dos militares: el teniente coronel de la Fuerza Aérea Euro Vieira Magalhães y el coronel de la Policía Militarizada Benito Franco, lo que refuerza la sospecha de complicidad por parte de oficiales alineados en el bolsonarismo más radical.

LA OPOSICIÓN PRESIONA POR UNA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

La oposición de derecha, por su parte, presiona en el Parlamento por la instauración de una comisión de diputados y senadores que se vuelque también a la investigación de lo sucedido el 8 de enero.

El Partido Liberal (PL), que tiene en sus filas a Bolsonaro y a dos de sus hijos, uno diputado y otro senador, asegura que el pedido ya cuenta con el respaldo reglamentario, pese a que el oficialismo se ha mostrado abiertamente en contra.

El diputado Eduardo Bolsonaro, principal impulsor de esa comisión, afirma que así como se debe investigar la responsabilidad de cada uno de los participantes en el asalto a los tres poderes, se debe establecer si el Gobierno incurrió en alguna “omisión” y “dejó actuar” a los golpistas con unos supuestos intereses políticos.

Según el legislador, una investigación parlamentaria, en la cual intervengan todos los partidos, puede llegar a “la verdad” sobre hechos que “nadie respalda”, pero que pueden haber sido de alguna manera “manipulados” desde el Gobierno para “generar solidaridad con el presidente Lula”.