Santiago de Chile, 29 jun (EFE).- El ministro chileno de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se reunió este miércoles con el fiscal jefe de la región norteña de Antofagasta por los millonarios convenios suscritos entre la delegación regional de este ministerio y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos más importantes de la coalición de izquierda Frente Amplio a la que pertenece el presidente Gabriel Boric.
“Hemos entregado (al fiscal) tres archivadores con toda la información y las labores que se están realizando. A nosotros no nos corresponde determinar qué es o no irregular”, dijo Montes en un punto de prensa tras el encuentro con el fiscal Cristian Aguilar, quien encabeza la investigación.
La Fiscalía investiga a la fundación Democracia Viva por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco. Aunque según el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, la organización no pertenece al partido, todos los señalamientos apuntan a integrantes de esta fuerza política, en la que también milita el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con quien el presidente mantiene un estrecho vínculo.
El representante legal de Democracia Viva es Daniel Andrade, militante de RD y expareja de la diputada por Antofagasta del mismo partido, Catalina Pérez, referente de la formación que llegó a presidir entre 2019 y 2021.
Andrade firmó los polémicos convenios con la Secretaría regional ministerial de Vivienda (Seremi, la delegación territorial que los ministerios tienen en cada región del país) de Antofagasta, a manos de Carlos Contreras, también militante de RD que había sido asesor cercano de Pérez y quien fue el primero en renunciar una vez estalló el caso a principios de la semana pasada.
La otra figura de RD a quien el presidente le pidió la renuncia el fin de semana es la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, segunda de abordo del Ministerio que tuvo que admitir que, si bien conocía la existencia de los controvertidos contratos, no alcanzó a avisar al ministro Montes.
Según lo que se conoce hasta ahora, la fundación habría firmado tres convenios sospechosos por valor de 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares de hoy /unos 487.678 euros) con el seremi de Vivienda antofagastino para, supuestamente, colaborar en la ayuda de viviendas precarias en la región del norte.
“El punto más polémico que hay hasta el momento es que, con parte de estos recursos, se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en la Seremi en el control de los proyectos (de la fundación) y eso es algo que está fuera de los marcos legales”, dijo Montes ayer, apenas llegó a Antofagasta.
RENUNCIAN DOS SUBSECRETARIOS EN DOS SEMANAS
Este martes, y tras días de debates, la directiva de RD presentó una querella contra todos quienes resulten responsables de posibles delitos de corrupción dentro del caso. Tanto los líderes del partido como el propio Gobierno endurecieron el tono contra los supuestos implicados a medida que se fueron conociendo más detalles de los contratos.
Por otra parte, la Fiscalía ordenó un allanamiento a las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a las oficinas de Santiago de la Fundación Democracia Viva y al domicilio de la diputada Pérez; mientras que, desde la oposición, la derecha tradicional presentó una querella por fraude al Fisco y tráfico de influencias.
El caso ha golpeado fuertemente al Gobierno, que en dos semanas ha visto salir a dos subsecretarios ministeriales (de Salud y de Vivienda) en medio de la gestión de escenarios complejos: una crisis hospitalaria por alta circulación de virus respiratorios, primero; e intensas lluvias con fuertes inundaciones, después.
El presidente Boric calificó el domingo el caso de “gravísimo”, y el martes insistió que “no pone las manos al fuego por nadie”.
“No estamos exentos que sucedan casos de estas características, la diferencia estará marcada por la reacción que tengamos […] yo voy a hacer valer la justicia”, agregó.
Este noche, el ministro Montes se reunirá con 23 fundaciones para abordar la “necesidad de perfeccionar” el procedimiento para suscribir convenios entre fundaciones privadas y su ministerio y analizar posibles modificaciones.
