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San Salvador, 29 de abril.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, con la mayoría del partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma al artículo 248 de la Constitución que permitiría modificaciones a la carta magna de forma más expedita en la próxima legislatura.

La reforma, que aún debe ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa para entrar en vigor, fue aprobada sin análisis previo con 66 votos a favor del oficialismo y 16 en contra de la oposición. La modificación al inciso segundo del artículo 248 establece que las reformas constitucionales podrán ser aprobadas y ratificadas en una misma legislatura con tres cuartas partes de los diputados electos (45 de 60), en lugar de requerir la aprobación en una legislatura y la ratificación en la siguiente con dos tercios de los votos.

El decreto justifica la reforma como una herramienta necesaria para “enfrentar las realidades sociales” y los “cambios constantes” que experimenta el mundo, así como para proteger los derechos fundamentales en caso de eventos que lo requieran.

La oposición criticó duramente la reforma, acusando al oficialismo de “autorrecetarse poder” y eliminar límites al mismo. La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, señaló que la medida constituye “una traición al pueblo” y que “nos rige el antojo y capricho de un grupo que está en el poder”.

También se cuestionó la legalidad de la reforma, ya que existen resoluciones de la Sala de lo Constitucional que establecen que las modificaciones a la Constitución deben realizarse antes de las elecciones legislativas. Además, se acusó al oficialismo de ajustar la cantidad de votos necesarios para las reformas constitucionales al resultado obtenido en las elecciones de marzo pasado.

La organización Acción Ciudadana calificó la reforma como la eliminación de “otro contrapeso” político en El Salvador y advirtió sobre la posibilidad de “abusos de mayorías legislativas coyunturales”.

Esta polémica reforma se suma a otras decisiones del gobierno de Bukele que han sido criticadas por diversos sectores, como la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021. La situación en El Salvador ha generado preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

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