También a Vicente Silva, asesor en la sombra de la hija del dictador, y Carmela Paucará, secretaria de la excandidata. Se allanaron sus viviendas en busca de pruebas que corroboren versión de testigo protegido: en Fuerza 2011 hubo una organización criminal formada para obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos de la corrupción para luego retribuirlos mediante entrega de obras.
La marcha que organizó Fuerza Popular para pedir la libertad de la hija de Alberto Fujimori terminó mal, con la detención preliminar por 10 días de Pier Figari y Ana Hertz de Vega, por ser, según el fiscal José Pérez, los asesores de la presunta “organización criminal liderada por Keiko Fujimori”.
Pero ellos no fueron los únicos personajes vinculados al fujimorismo que fueron conducidos a la sede de la Prefectura como parte de las investigaciones por el caso Cócteles. También se retuvo a Vicente Silva Checa y Carmela Paucará Paxi, asesor en la sombra y secretaria personal de Keiko. La orden incluía el allanamiento de las viviendas de los cuatro personajes.
La congresista Úrsula Letona confirmó la detención. Según ella, Figari y Vega participaban en la marcha cuando fueron interceptados por la Policía.
Blindaje en el Congreso
Según la resolución firmada por el juezRichard Concepción Carhuancho, la organización criminal en el interior del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, tenía entre sus fines “obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en Perú, para luego retribuir esos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”.
Según la investigación fiscal, el mecanismo de corrupción empresarial y estatal al interior de Fuerza 2011 contó con la intervención de otras personas que, con conocimiento o debiendo presumir el origen ilícito de los fondos, se prestaron para convertir el dinero en aportes a través de las diversas tareas o funciones en el seno de la organización criminal, que lideraba la imputada Keiko Fujimori.
El documento consigna además que con fecha 14 de octubre del 2018, el testigo protegido TP 2017-55-3 ha señalado el modo como el Partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, ha operado los dineros recibidos para la campaña electoral de Keiko Fujimori.
Según esta versión, en febrero del 2011, en el local de la calle Bucaré 559, Camacho La Molina, de propiedad de Joaquín Ramírez, Carmela Paucará era en la nómina la secretaria del partido, pero en la práctica la secretaria personal de Keiko Fujimori.
“Ella llevaba la agenda personal. Sabe quién entraba y salía del local, y hasta ahora lo hace. También tenía en su PC los registros de sus citas formales y las no oficiales las apuntaba en una agenda, que era un papel que luego destruía”, refiere.
El testigo agrega que Keiko, Hertz de Vega, Figari y Adriana Tarazona de Cortés indicaron que había fondos de dinero donados por empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes al partido.
“Ellos no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con un eventual gobierno, y podrían ser cruzados con la Sunat –relata el informante–. Figari indica que van a dar un dinero para cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas; es decir, que debía llevarse a cabo una operación de buscar personas que pueden aparecer como aportantes del partido”.
El testigo agrega que durante la conversación, Keiko ratificaba lo dicho por Figari y Hertz, indicando que era una orden que debía cumplir. Ellos delegaron en Adriana Tarazona como la encargada de entregar el dinero.
“A la siguiente semana de esa primera reunión, Keiko indica que el dinero ya lo tenía Tarazona. Ella entregó 30 mil dólares en efectivo”, relata.
El colaborador señala también a Erika Yoshiyama como una de las encargadas de la contabilidad de Fuerza 2011. “Erika tenía un talonario de recibos que se tenían que llenar para cada aportante”, dijo.
Relata además varias ocasiones en las que ve a Tarazona con sobres de dinero con cantidades de 20 mil dólares y en otra de 50 mil dólares, y dando adelantos a Keiko.
Sobre Vicente Silva Checa, lo señala como el asesor en la sombra. “Keiko le consulta. Estuvo preso por ser del entorno de Montesinos, por eso nunca da la cara, pero lo he visto en la oficina de Keiko”, declara.
Algo más. El testigo dijo saber que Cecilia Chacón, Carlos Raffo, Héctor Becerril, Ricardo Pando, Rufilio Neyra, Federico Spadaro, Federico Pariona y Martha Moyano dieron dinero pero dijeron que necesitaban que otras personas presenten su nombre para que se registren como aportes.
Según el fiscal, Keiko habría dispuesto que para el lavado de estos activos ilícitos, realicen actos de conversión, transferencias y administración, usando para ello una rifa, cócteles y cenas con las que no habría podido recaudar lo informado a la ONPE.
