Ciudad de Panamá, 16 nov (EFE).- La Policía Nacional de Panamá abrió este jueves algunos de los puntos bloqueados por manifestantes antiminería en el marco de un llamado de los sindicatos a un paro nacional que aparentemente ha tenido un débil poder de convocatoria.
La capital amaneció a un ritmo lento que fue aumentando progresivamente, con ciudadanos que se movilizaban en sus autos, a pie, en el Metro o el MetroBús para llegar a sus puestos de trabajo, una situación que se repetía en otras ciudades del país, que afronta esta crisis desde hace casi un mes.
Medios locales y redes difundían imágenes de la intervención policial en áreas como Chilibre, en las afueras de Ciudad de Panamá, donde los agentes forcejearon con un pequeño grupo de manifestantes para sacarlos de la vía, lo que permitió el paso de los vehículos.
Sin embargo, Saúl Méndez, dirigente del sindicato de la construcción Suntrac, uno de los más fuertes del país, dijo a EFE que el balance del llamado a paro ha sido “positivo”.
“Las organizaciones del movimiento popular panameño (…) han decidido hacer una acción en demanda a (Laurentino) Cortizo (presidente del país) para que llame a la asamblea y derogue la ley (que otorga el contrato minero) y el cierre de First Quantum Minerals. Esto se puede solucionar en tres días”, señaló el líder sindical.
Méndez defendió la posición de los grupos sindicales de derogar el contrato minero a través de una ley pues no “confían” en que la Corte Suprema de Justicia lo declare “inconstitucional”, una vía que los ambientalistas ven como la más favorecedora para la defensa del país frente a los previsibles reclamos arbitrales que interpondrá la minera.
En otros puntos de la capital, sindicalistas de la construcción bloqueaban con llantas incendiadas y otros elementos algunas vías, a veces con la intervención policial, que los desalojaba sin incidentes al menos al inicio de esta jornada.
Esta ha sido la tónica en las últimas semanas: pequeños grupos de sindicalistas de la construcción, de docentes e indígenas bloquean vías en rechazo al contrato ley que el 20 de octubre pasado renovó por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica y que exporta desde 2019 el mineral principalmente al mercado asiático.
Las patronales tildan la situación de un “secuestro” que ha causado al menos 1.700 millones de dólares en pérdidas a la economía y exigen al Gobierno de Cortizo que actúe para restablecer el derecho al libre tránsito, a la protesta pacífica sin alterar a terceros a fin de que el país se normalice, un pedido que también ha hecho la Defensoría del Pueblo.
Loa bloqueos en la vía Panamericana, la principal del país, ha generado desabastecimiento de alimentos y de combustibles en la capital y el interior, especialmente en el norte panameño. Se ha roto también la cadena de suministros con Centroamérica con pérdidas de 200 millones de dólares diarios para el sector de carga internacional.
Cuatro personas han muerto en los bloqueos, dos tiroteadas y dos arrolladas en incidentes separados y cuyos autores están detenidos.
Los bloqueos, aunado a un paro docente indefinido en el sector público, comenzaron el pasado 23 de octubre a la par que tuvieron lugar las mayores manifestaciones públicas en décadas en Panamá contra la operación de la mina, a la que acusan de dañar el medio ambiente y lesionar al Estado por los términos leoninos del contrato.
Cobre Panamá es una inversión de 10.000 millones de dólares que representa alrededor del 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, según la empresa y el Gobierno, que defienden el nuevo contrato ley porque multiplica por 10 los aportes al Estado y establece una rigurosa vigilancia medioambiental.
