BOGOTA, 09 MAYO.- El Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, ha sido disuelto tras una decisión de la Corte Constitucional de Colombia. El alto tribunal determinó que la ley que creó el ministerio presentaba vicios de procedimiento, específicamente la falta de un análisis de impacto fiscal, lo cual es un requisito legal indispensable en el país.
A pesar de la disolución, la Corte ha otorgado un plazo de dos años al Congreso para volver a tramitar la ley de manera correcta o al gobierno para reasignar las funciones del ministerio a otras entidades. De esta manera, se busca evitar una desarticulación institucional que afecte la implementación de políticas públicas dirigidas a grupos vulnerables, como madres cabeza de familia y personas con discapacidad.
La decisión ha generado una fuerte controversia en Colombia. Sectores afines al gobierno interpretan el fallo como un ataque directo a la administración de Gustavo Petro y a la vicepresidenta Márquez. Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, ha expresado su desconcierto ante el veredicto, argumentando que contradice la jurisprudencia constitucional previa y genera confusión.
El gobierno de Petro ahora enfrenta el reto de encontrar alternativas para asegurar la continuidad de las políticas de igualdad y equidad que se impulsaban desde el Ministerio de Igualdad. La decisión final sobre el destino de estas funciones dependerá de las acciones que se tomen en los próximos dos años, ya sea a través de una nueva ley o de la reasignación a otras entidades gubernamentales.
