Ciudad de Panamá, 18 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá retomó este miércoles el debate sobre el modificado proyecto ley con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, mientras continúan las protestas en rechazo a ese polémico pacto.
Tras horas de retraso, los diputados comenzaron el primero de los tres debates obligatorios para aprobar o rechazar ese contrato ley con la particularidad de que no pueden hacer modificaciones, después de que el Ejecutivo cambiara algunos puntos del pacto minero recomendados por ese órgano Legislativo.
El pasado septiembre, el contrato no superó el primer debate y el Parlamento lo devolvió al Gobierno, tras escuchar a varios sectores de la sociedad, trabajadores y habitantes de la zona del proyecto minero.
El vicepresidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, Ariel Alba, reclamó este miércoles un voto positivo para que el contrato llegue a “segundo debate y sea en el pleno legislativo, donde sí está representado todo el país, donde se decida” si aprobar o no el documento.
De aprobarse el proyecto ley minero este martes en primer debate por la comisión, pasaría a otros dos en el hemiciclo y, una vez admitido, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, lo ratificaría para su entrada en vigor.
¿Qué se modificó y por qué siguen rechazándolo?
Entre los cambios hechos por el Gobierno, con las sugerencias del Parlamento, está la eliminación de “las cláusulas de expropiación” de tierras y la condición que “permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo”, a la vez que se incluyó un apartado que “reafirma que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio”.
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno, y el derecho de la empresa de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido, y en cambio “se establece que esta información está sujeta a la ley”.
“Se está entregando la autodeterminación de nuestro pueblo con un contrato leonino en las condiciones en las que está (y) con los maquillajes que hicieron a los cuatro aspectos, y que según ellos escucharon (…) la demanda del pueblo panameño”, dijo a EFE el secretario general del poderoso sindicato Suntracs, Saúl Méndez A juicio de la ambientalista Raisa Banfield, “el maquillaje que le hicieron al contrato no fue un arreglo de fondo, sino que quitaron palabras controversiales para dejar la misma estructura, el mismo espíritu incluso. Hay cláusulas reforzadas en materia de los derechos de la empresa”.
Continúan las protestas
A lo largo de este miércoles, ambientalistas y sindicatos se manifestaron frente al Parlamento, en Ciudad de Panamá, a la vez que cortaron temporalmente algunas vías en todo el país en rechazo a ese polémico contrato.
“Llamamos al pueblo a estar consciente de lo que está ocurriendo. Llamamos al pueblo a las calles. El momento ha llegado, no hay más tiempo para que se maniobre”, apuntó el líder sindicalista Méndez.
El Ejecutivo y Minera Panamá, filial de FQM, alcanzaron en marzo pasado un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, que exporta el mineral desde 2019.
Este nuevo contrato establece unos ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
